Ocupados bienes de contratista del PAE que habría comprado tamales a empresa de grúas

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Foto: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares a cooperativas y bienes de Germán Trujillo Manrique, investigado por hechos de corrupción en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Santander. Los bienes afectados ascienden a 33 mil millones de pesos y fueron ocupados en Bogotá, Barranquilla, Cúcuta y Neiva.

La investigación por posibles hechos de corrupción en el Plan de Alimentación Escolar
(PAE) en Santander, caso que fue priorizado en la operación ‘Guane’, permitió a la
Fiscalía General de la Nación demostrar múltiples irregularidades en las etapas de
planeación, contratación y ejecución del programa.

En el contrato 601 de 2016, la Gobernación de Santander adjudicó a la Cooperativa
Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda., el suministro de alimentación para
124.892 estudiantes de 82 municipios, por un valor total de $35.767’321.026. De
acuerdo con el material probatorio recopilado, el dinero fue desembolsado en su
totalidad al contratista y las raciones alimentarias no llegaron a las escuelas y colegios
del departamento.

Adicionalmente, se estableció que el operador presentó sobrecostos en los productos que
decía conseguir y registró pagos por víveres a empresas ficticias o que tenían objetos
comerciales muy distintos. En su momento, fueron recuperadas las facturas y cuentas de
cobro presentadas por el contratista y se advirtieron algunas situaciones como:
• Compra de tamales por 30 millones de pesos a una empresa de grúas en Acacías
(Meta).
• Adquisión de postres a un asociación de padres de familia en Tarqui (Huila) que
figuraba como inactiva
• Compra de mercados a una empresa transportadora de Algeciras (Huila), cuya
sede queda a cuatro horas de camino en trocha de la cabecera municipal.

Por las irregularidades detectadas en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en
Santander, la Fiscalía vinculó y judicializó a Germán Trujillo Manrique y Luisa
Fernanda Flórez Rincón, contratistas y representantes de la Cooperativa Multiactiva
Surcolombiana de Inversiones Ltda.

Afectación del patrimonio ilícito

Paralelamente al avance de las investigaciones, la Fiscalía identificó las sociedades y
bienes que, al parecer, fueron utilizados por los contratistas para dar apariencia de
legalidad a la millonaria defraudación al PAE en Santander o habrían sido conseguidos
con los dineros desembolsados por la Gobernación para cubrir la alimentación de los
estudiantes de escasos recursos.

A nombre de Germán Trujillo Manrique, contratista y principal implicado en los hechos
de corrupción, la Fiscalía encontró seis bienes avaluados en 33 mil millones de pesos, entre ellos:
• Un apartamento con depósito y parqueadero en un exclusivo sector de
Barranquilla (Atlántico).
• La sede de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda., en
Neiva (Huila).
• Una bodega a nombre de la Agencia Surcolombiana de Inversiones Ltda –
Surcol, en Cúcuta (Norte de Santander).
• Un establecimiento de comercio de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de
Inversiones, ubicado en el norte de Bogotá.

Estos bienes fueron afectados con medidas cautelares de extinción del derecho del
dominio y quedarán a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su
administración. Las diligencias de ocupación se cumplieron en el transcurso de la
semana gracias al apoyo del grupo de policía judicial de la Fiscalía, la Armada Nacional
y el Gaula Militar.

Actualidad judicial

Entre noviembre de 2017 y mayo de 2018, un fiscal de la Unidad de Administración
Pública de Bucaramanga imputó y obtuvo medidas de aseguramiento contra Germán
Trujillo Manrique y Luisa Fernanda Flórez Rincón, contratista y representante legal de
la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda., respectivamente;
Fernando León Medina Monsalve, interventor del contrato PAE 2016; Aníbal González
Sánchez, coordinador PAE; y Ana de Dios Tarazona García, secretaria de educación de
Santander.

Trujillo Manrique, propietario de los bienes afectados con fines de extinción de dominio,
aceptó cargos por celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales,
falsedad ideológica en documento público y privado, y peculado por apropiación. Actualmente, está a la espera de la verificación de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía.

/Fiscalía General de la Nación

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