Comunicado a la Opinión Pública EADDH

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Del Espacio Autónomo de Defensoras y Defensores de DDHH del Meta frente a las
declaraciones dadas por el Gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga en la
rueda de prensa del 17 y 18 de junio sobre la situación del Guayabero en la que
estigmatiza la labor de las organizaciones defensoras de DDHH.
Los defensores y defensoras de DDHH que confluimos en el Espacio Autónomo de
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Meta – EADDH manifestamos
nuestra INDIGNACIÓN E INCONFORMIDAD frente a las declaraciones realizadas
públicamente por el Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien, ante
una situación de orden público ocurrido en el municipio de La Macarena, señaló,
estigmatizó y deslegitimó la acción de las organizaciones defensoras de DDHH al
cuestionar los pronunciamientos públicos que se han realizado ante diversos
hechos de violencia que atentan y vulneran DDHH en el departamento y
pretender obligar una respuesta ante la muerte de efectivos de la fuerza pública
en el marco de las hostilidades desarrolladas en contra de las estructuras
residuales presentes en este municipio1
. Ante dichas declaraciones tenemos qué
decir lo siguiente:

  1. Los defensores y defensoras de DDHH somos personas que nos autoreconocemos como tal y ejercemos nuestro derecho de forma individual y
    colectiva, de promover y exigir la protección de los Humanos y las
    libertades fundamentales de todas las personas.Los Estados tienen la obligación internacional de ofrecer garantías que permitan ejercer esta labor de forma integral, y en este sentido, tienen el deber de entender
    este ejercicio como parte de la construcción de democracia, la
    comprensión pública de los derechos y libertades fundamentales. Es por
    esta razón que la Procuraduría General de la Nación, en su Directiva 002
    de 2017, establece los lineamientos para la protección efectiva de los
    derechos de los defensores y defensoras de DDHH, sus organizaciones
    además de los integrantes de movimientos y expresiones sociales que
    participen en la implementación del Acuerdo Final de Paz, e insta a las
    autoridades en todos los niveles a cumplirlos.
    No cedemos a presuntas disyuntivas éticas como las que se manifestaron
    en la rueda de prensa, pues no reaccionamos a la coyuntura, sino que le
    apostamos a una salida estructural de la guerra y a la construcción de la
    paz y la reconciliación integral en nuestro territorio.
    Hemos sido voceras y voceros, partícipes en la apuesta territorial para la
    consolidación del proceso de garantías para la defensa de los Derechos
    Humanos en el Meta, y en ese sentido, hemos estado presentes en las
    discusiones para la generación de condiciones mínimas que permitan la
    aplicación de medidas que tiendan por el respeto y la garantía de las
    libertades fundamentales de todas las personas frente a todo tipo de
    violencia, amenaza, represalia y discriminación negativa de la que puedan
    ser víctimas o destinatarias. Rechazamos el señalamiento expreso que realiza el Gobernador sobre nuestra parcialidad y criterio en el ejercicio
    de denuncia pública sobre las graves violaciones a DDHH que se han
    presentado recientemente en el departamento.
  2. Durante los últimos meses se ha venido incrementando la tensión ante la
    problemática generada por la implementación de planes y medidas
    militares en las áreas protegidas con presencia de comunidades
    campesinas en el sur del Meta, y más recientemente por las erradicaciones
    forzadas que se han hecho en la región del guayabero y zonas aledañas,
    actividades enmarcadas en estrategias de “recuperación de control del
    territorio y despliegue de fuerza pública” como Artemisa, implementada
    en el territorio desde el año 2018. Esta tensión ha provocado que
    comunidades campesinas y cultivadoras de hoja de coca hayan salido a
    manifestar su inconformidad ante la inexistencia de una alternativa para
    la sustitución de los cultivos de uso ilícito tal como fue acordado en la
    implementación del PNIS, y se encuentren exigiendo instancias de diálogo
    social que refuercen el tratamiento con enfoque de derechos y la
    intervención integral del Estado.
    Los defensores y defensoras de DDHH hemos hecho reiterados llamados a
    las diferentes instancias competentes del orden local y regional para que
    esta situación sea entendida como una manifestación de la ausencia de
    garantías y condiciones mínimas para el goce efectivo de derechos
    fundamentales en este territorio, y no como un asunto exclusivo de
    seguridad y orden público que amerite únicamente la presencia e
    intervención de fuerza pública, por el contrario, hemos anotado que es la
    acción efectiva del Estado la que puede propiciar la superación de las
    causas estructurales que generan la problemática.
    Esta ha sido una región históricamente victimizada en la que la presencia
    institucional ha sido deficiente y el cumplimiento del Acuerdo Final para la
    Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera
    se convierte en un imperativo. Es urgente y prioritaria la implementación
    de las medidas de la Reforma Rural Integral (Punto 1), además de la
    solución al problema de las drogas ilícitas y el PNIS (Punto 4); una correcta
    aplicación de la política pública diseñada en este sentido sería un aporte
    para la consolidación de la convivencia pacífica en esta región.
    Hacemos un llamado para que las autoridades de gobierno local y
    departamental exijan con contundencia la implementación del Acuerdo
    Final de Paz, pues son estas quienes tienen el deber de velar por el goce
    pleno de los Derechos Humanos de las comunidades que habitan en esta
    región. Es urgente contemplar medidas sociales de intervención y no
    medidas de fuerza para el tratamiento de esta problemática que es de
    carácter social, económico y político.
  3. ¡No retorno de la guerra! El asunto doloroso de la muerte de los soldados
    nos permite reflexionar sobre los muertos de la guerra. Este pensamiento
    perverso donde unos muertos que duelen y pueden doler y otros que no,
    ha llevado a Colombia a sumergirse en dinámicas de odio y mezquindad
    que no nos han permitido entender la complejidad del conflicto.
    Repudiamos toda muerte y acto violento en nuestro territorio y por eso
    acompañamos juiciosamente las situaciones en las que evidenciamos
    existe un riesgo para quienes son más vulnerables y no hacen parte de la
    confrontación, por esta razón rechazamos con la misma contundencia el
    desplazamiento al que se vieron forzados la comunidad en proceso de
    reincorporación, firmantes del Acuerdo de Paz, del área de
    reincorporación NAR El Diamante en el municipio de Uribe, así como los
    homicidios en persona protegida que se han registrado en los últimos
    meses, las judicializaciones y persecución a la protesta social pacífica,
    entre otros hechos que han perturbado la tranquilidad de las comunidades
    y sobre los que no ha habido un pronunciamiento por parte de las
    autoridades.
    Inquieta a nuestra humanidad como defensores de la vida, el retorno al
    horror de la guerra y la lentitud de las autoridades competentes en la
    garantía y protección de los DDHH de las personas más vulnerables. Entre
    todos y todas podemos evitar la repetición de la historia en el Meta.
    Las organizaciones defensoras de DDHH han exigido históricamente la
    presencia de una fuerza pública para la paz y el fortalecimiento de las
    instancias civiles para la resolución pacífica de las problemáticas sociales,
    económicas y políticas.
    Llamamos a la solidaridad de todos y todas las defensoras de DDHH,
    organizaciones, movimiento social y demás expresiones que le apuestan a la paz
    a no abandonar el departamento del Meta a las intenciones de convertirlo en el
    nuevo teatro de operaciones militares en contra de los grupos armados ilegales.
    A respaldar a las comunidades que se encuentran inmersas en los conflictos por
    la tierra, el territorio y la pervivencia digna en el campo, y a exigir la salida
    negociada de las conflictividades sociales y económicas que ha dejado la guerra y
    el incumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
    Exigimos a las autoridades e instancias competentes investigar cualquier
    conducta, acción u omisión, que se configure como una ataque, señalamiento o
    persecución a la labor de defender los Derechos Humanos.
    Responsabilizamos en primer lugar al Gobernador del Meta y a quienes emiten
    conceptos estigmatizadores frente a las organizaciones sociales, defensoras de
    DDHH y cualquier expresión social que trabaja y lucha por la implementación del
    Acuerdo Final de Paz, de los riesgos, amenazas e incremento en la situación de
    vulnerabilidad que pudieran generan las afirmaciones sobre las que aquí nos
    pronunciamos.
    Confiamos en que sea el amor, la paz y la reconciliación lo que nos permita
    seguir edificando nuestra Colombia.

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