El presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaratoria de emergencia económica y la creación del Fondo Milagro para atender a más de 120.000 familias afectadas. El desastre alcanzó a 450 municipios de 15 departamentos.
Una semana después del terremoto que azotó el occidente colombiano y se sintió en buena parte del territorio nacional, el presidente Abelardo de la Espriella presentó un nuevo balance de la tragedia y anunció las primeras medidas económicas, sociales e institucionales para avanzar desde la atención médica.
El sismo que ocurrió el lunes 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, apenas tres días después de la posesión presidencial y durante el primer día hábil del nuevo Gobierno. fue calificado por la comunidad científica como el movimiento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI. Su fuerza se explicó por la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica, un proceso geológico que convierte a la región del Pacífico en una de las zonas de mayor actividad sísmica del país.
Aunque el epicentro estuvo en Chocó, los daños más graves se extendieron por Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. El terremoto también fue sentido en otras regiones de Colombia y en países vecinos como Panamá y Venezuela.
En su alocución, el presidente describió el momento como una de las pruebas más difíciles para el país y dedicó un minuto de silencio y oración a las víctimas.
“La tierra tembló, pero Colombia no se quebró”, afirmó el mandatario al convocar a la unidad nacional.
Una tragedia que afecta a una tercera parte del país
Según el balance presentado por el presidente, con base en el informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —UNGRD—, el terremoto dejó hasta ese momento 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas.
La emergencia se extiende a 450 municipios de 15 departamentos, una cobertura que, según De la Espriella, equivale a cerca de una tercera parte del país.
Las consecuencias también son profundas en materia de vivienda. Más de 120.328 familias fueron registradas como afectadas, mientras que 26.945 viviendas quedaron destruidas y otras 127.557 presentan diferentes niveles de daño.
La dimensión territorial de la tragedia plantea un desafío que va más allá de las principales ciudades. Una parte importante de la población damnificada se encuentra en municipios, corregimientos y veredas a los que resulta difícil llegar debido a los daños en carreteras, puentes, sistemas de comunicación y redes de servicios públicos.
El Gobierno advirtió que estos datos continúan siendo preliminares y cambiarán conforme avancen los censos, las inspecciones técnicas y la verificación de los reportes entregados por las autoridades territoriales.
Valle del Cauca y Risaralda concentran la mayor pérdida humana
El balance evidencia que Valle del Cauca y Risaralda son los departamentos con las consecuencias humanas más dolorosas. En el Valle del Cauca se reportaron 163 fallecidos, 2.672 heridos y 80 desaparecidos. En Risaralda, la emergencia dejó 104 personas muertas, 565 heridas y 61 desaparecidas.
Estas cifras significan que ambos departamentos concentran 267 de los 289 fallecimientos informados, equivalentes a más del 92 % de las víctimas mortales registradas hasta ese momento.
Buenaventura también resultó fuertemente afectada. Los daños en esta ciudad adquieren especial importancia porque se trata del principal puerto colombiano sobre el océano Pacífico y de un territorio esencial para el abastecimiento, la movilidad de mercancías y el comercio exterior.
El presidente aseguró que se desplazó a Quibdó, Pereira, Cali, El Cairo, Toro y Buenaventura para dirigir los puestos de mando unificado junto con gobernadores, alcaldes, organismos de socorro, Fuerza Pública y autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
Hospitales, colegios y vías entre la infraestructura afectada
El terremoto no solamente destruyó viviendas. El balance gubernamental reporta daños en 285 centros de salud y en más de 2.838 establecimientos educativos.
La afectación de hospitales y centros asistenciales representa un problema adicional, pues ocurre justamente cuando miles de personas requieren atención médica por lesiones, emergencias psicológicas y enfermedades asociadas con la falta de agua, alojamiento o condiciones sanitarias adecuadas.
En el sector educativo, los daños podrían impedir el regreso inmediato a clases de miles de niños y jóvenes. El Gobierno deberá establecer cuáles edificaciones pueden repararse, cuáles deben demolerse y qué alternativas provisionales se implementarán mientras avanza la reconstrucción.
También se registraron daños en centenares de vías, puentes e instalaciones indispensables. Esta situación dificulta el traslado de equipos de rescate, alimentos, medicamentos, agua potable y materiales hacia las comunidades más apartadas.
El mandatario pidió a gobernadores y alcaldes fortalecer las rutas de distribución y establecer mecanismos de seguimiento para garantizar que la ayuda humanitaria llegue efectivamente a cada municipio, corregimiento, barrio y vereda.
Continúa la búsqueda de desaparecidos
Aunque la respuesta institucional comienza a concentrarse en la asistencia humanitaria y la reconstrucción, el Gobierno señaló que la búsqueda de sobrevivientes todavía no ha terminado.
“Mientras exista una posibilidad de encontrar con vida a un solo compatriota, los equipos de búsqueda y rescate seguirán en el terreno”, expresó De la Espriella.
La operación colombiana cuenta con el apoyo de 138 rescatistas internacionales: 24 provenientes de Estados Unidos, 32 de Ecuador y 82 de Israel. Además, 21 países ofrecieron cooperación, asistencia humanitaria e insumos médicos.
La Sala de Crisis Nacional permanece activa las 24 horas y los equipos continúan trabajando en zonas donde se presume que podrían encontrarse personas atrapadas bajo los escombros.
Pérdidas cercanas a los $30 billones
Una primera modelación privada citada por el presidente calculó que las pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas podrían alcanzar los $30 billones.
De este valor, aproximadamente $24,5 billones corresponderían a edificaciones y los otros $5,5 billones a infraestructura.
La cifra todavía no representa el costo total del desastre. El cálculo podría aumentar cuando se incorporen las pérdidas sufridas por empresas, comercios, agricultores, trabajadores independientes y familias que perdieron sus medios de subsistencia.
Tampoco incluye necesariamente el impacto que tendrá la interrupción de las actividades productivas, educativas, portuarias y comerciales sobre la economía de las regiones afectadas.
Aunque en Chocó el valor absoluto de las pérdidas sería menor que en departamentos con ciudades más grandes, el Gobierno considera que su afectación proporcional es la más alta. Por ello, el presidente propuso desarrollar un “plan Marshall” que no se limite a reconstruir lo destruido, sino que contribuya a atender las deudas históricas del Estado con este departamento.
US$200 millones del Banco Mundial
Para responder a las necesidades más urgentes, el Ministerio de Hacienda activó el desembolso de un primer tramo de crédito del Banco Mundial por US$200 millones.
La transferencia fue confirmada por el organismo multilateral, que también puso en marcha una Evaluación Global Rápida de Daños por Terremotos —GRADE—. Este estudio permitirá establecer de manera más precisa las pérdidas económicas y definir las prioridades de financiación para la reconstrucción. Los recursos estarán orientados inicialmente a la atención de necesidades inmediatas y al apoyo de sectores como salud pública, vivienda y pequeñas y medianas empresas.
El reto fiscal, sin embargo, será considerable. Durante su intervención, el presidente afirmó que recibe unas finanzas públicas altamente comprometidas y señaló que, durante los dos años anteriores, uno de cada tres pesos del recaudo nacional fue destinado al pago de la deuda.
En ese escenario, la reconstrucción exigirá priorizar recursos, recurrir a la cooperación internacional y coordinar inversiones públicas y privadas.
Emergencia económica y creación del Fondo Milagro
El presidente confirmó que decretará el estado de emergencia económica, figura prevista en la Constitución para enfrentar hechos extraordinarios que alteren de manera grave el orden económico, social o ecológico del país.
Esta decisión le permitirá al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley relacionados directamente con la atención del desastre. Las medidas deberán ser temporales, guardar relación con la emergencia y estarán sujetas al control de la Corte Constitucional.
También anunció la creación del Fondo Milagro, desde el cual se organizará el plan nacional de reconstrucción.
El modelo tomará como referencia la experiencia del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero —Forec—, creado después del terremoto del 25 de enero de 1999. Aquel desastre dejó más de mil muertos y obligó al país a desarrollar un esquema especial para recuperar viviendas, servicios públicos, instituciones y actividades económicas en Armenia y otros municipios del Eje Cafetero.
Según el presidente, el nuevo fondo buscará replicar los aciertos del Forec y evitar los problemas identificados durante ese proceso.
Vivienda Milagro para las familias damnificadas
El Ministerio de Vivienda tendrá a su cargo el denominado Plan Milagro de Reconstrucción, que integrará al Gobierno nacional, constructoras, entidades financieras, aseguradoras, gobernaciones y alcaldías.
La estrategia contempla:
- Subsidios temporales de arrendamiento.
- Alivios en el pago de servicios públicos.
- Mejoramiento de viviendas reparables.
- Construcción de nuevas soluciones habitacionales.
- Caracterización individual de las familias afectadas.
- Participación de empresas constructoras y entidades financieras.
El presidente invitó a las constructoras a renunciar a sus utilidades en los proyectos destinados a las zonas afectadas y pidió al sistema financiero reducir las tasas de interés para facilitar la recuperación de las familias.
También solicitó la participación de gobernadores y alcaldes sin distinción política, bajo el argumento de que la reconstrucción debe convertirse en un propósito nacional.
El desafío de garantizar transparencia
La cantidad de recursos que deberá movilizar el país convierte la vigilancia y la transparencia en asuntos centrales. Además de atender la emergencia, el Gobierno tendrá que garantizar que el dinero llegue a los hogares afectados y no se pierda en corrupción, intermediación innecesaria o contratos sin resultados.
De la Espriella aseguró que habrá controles estrictos sobre los recursos del Fondo Milagro y lanzó una advertencia a quienes sean responsables de su administración.
“Aquí no se va a perder un solo peso. El que se atreva a tocar un peso de eso se las verá conmigo directamente”, manifestó.
La reconstrucción requerirá censos confiables, contratación transparente, veeduría ciudadana y coordinación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales. También deberá responder a las necesidades particulares de las comunidades rurales, indígenas y afrocolombianas ubicadas en algunos de los territorios más golpeados.
Colombia pasa del rescate a la reconstrucción
La alocución presidencial marca el comienzo de una segunda etapa de la emergencia. La prioridad inicial continúa siendo encontrar a las personas desaparecidas, atender a los heridos y garantizar alimentos, agua, alojamiento y atención médica a los damnificados.
Al mismo tiempo, el país deberá iniciar una reconstrucción que podría extenderse durante varios años y que no se limitará a levantar nuevamente las edificaciones destruidas. También será necesario recuperar colegios, hospitales, vías, puentes, empresas, empleos y proyectos de vida.
La tragedia ocurrió al comienzo de un nuevo periodo presidencial, en medio de una difícil situación fiscal y con otras emergencias simultáneas, entre ellas los incendios forestales que afectan al Tolima. Esto someterá a prueba la capacidad del nuevo Gobierno para coordinar instituciones, ejecutar recursos con rapidez y mantener la confianza de la ciudadanía.
Cifras principales del balance presidencial
| Afectación | Balance preliminar |
| Fallecidos | 289 |
| Heridos | 4.187 |
| Desaparecidos | 143 |
| Familias registradas como afectadas | 120.328 |
| Municipios afectados | 450 |
| Departamentos afectados | 15 |
| Viviendas destruidas | 26.945 |
| Viviendas averiadas | 127.557 |
| Centros de salud afectados | 285 |
| Establecimientos educativos afectados | 2.838 |
| Rescatistas internacionales | 138 |
| Países que ofrecieron cooperación | 21 |
| Pérdidas físicas inicialmente estimadas | $30 billones |
| Daños calculados en edificaciones | $24,5 billones |
| Daños calculados en infraestructura | $5,5 billones |
| Primer desembolso del Banco Mundial | US$200 millones |
Las cifras corresponden al reporte citado por el presidente durante su alocución y permanecen sujetas a actualización a medida que avance la búsqueda de desaparecidos, el censo de damnificados y las evaluaciones técnicas.
Colombia se enfrenta ahora al reto de transformar la solidaridad de los primeros días en una respuesta organizada, transparente y sostenible. Como lo expresó el jefe de Estado, la recuperación no dependerá únicamente del Gobierno, sino de la capacidad de las instituciones, el sector privado, la cooperación internacional y la ciudadanía para trabajar alrededor de un mismo propósito: reconstruir las regiones golpeadas y garantizar que las familias damnificadas no queden abandonadas.
