Los gobernadores, alcaldes, administradores, gerentes y representantes legales, públicos y privados, tienen la obligación de rendir un informe detallado de su gestión. Donde se entregue información financiera, contable y la forma en que se ha gastado o invertido el presupuesto del departamento; municipio; sociedad comercial; propiedad horizontal y/o entidades sociales del Estado, ya que es imperativo que las personas que integran o hacen parte de cada una de ellas, se sientan satisfechos con dicho informe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la ley 222 de 1995, donde indica: “que el deber de todo administrador es actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios, en desarrollo adecuado del objeto social”, y en lo prescrito del artículo 196 del Código de Comercio, donde estatuye que las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Es decir que, es deber de todo administrador o representante velar por el buen funcionamiento de éstas.
El pueblo debe exigir la rendición de cuentas, ya que ésta se puede solicitar y obligar por vía judicial, y deberán en el caso de que existan malos manejos por parte de ellos, responder hasta con su propio patrimonio, y ante los entes judiciales según su cargo.
Muchos de los mandatarios, administradores, gerentes y representante legales, salen de sus cargos, sin tener vergüenza, dejando malos manejos, omitiendo necesidades básicas que debían suplir a los administrados o ciudadanos, a través de la falta de ejecución de obras, fallas constantes en los servicios públicos, malas administraciones e ineficientes, con pleitos pendientes que llevarán a pérdidas en el futuro. Los copropietarios y en últimas los grandes afectados serán los ciudadanos en el pago de sus impuestos para cubrir las sentencias pecuniarias ante la administración de justicia. Así mismo, se verán afectados cuando se vea reflejado en el alto costo de los alimentos, mercancías, bienes o servicios que producen las empresas y las sociedades comerciales, entre otros.
Es momento de movilizar a la ciudadanía, despertar el sentido de pertenencia, de entender que lo público es de todos y lo privado de sus dueños, quienes al final serán los directos afectados. Exijamos una recta administración, para que no siga reinando la corrupción, sino que primen los intereses de los ciudadanos y quienes pasaron teniendo un mal desempeño denunciarlos para que respondan ante las autoridades pertinentes. ¡Corruptos a la cárcel!
ÁNGELA MARÍA RODRÍGUEZ HERRERA
Abogada U. Libre
Columnista
