- El marco normativo que dio origen al régimen de zonas francas, no contempló como objetivo el de exportar.
● Colombia no puede generar subvenciones a las exportaciones a través de las zonas francas o estaría violando los acuerdos de la OMC.
● Las zonas francas compiten con países que tienen tarifas de renta bajos, aumentar este impuesto en el país haría que se pierda la competitividad.
La reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional ha creado incertidumbre en distintos sectores. Uno de ellos es el de las zonas francas, dado que el articulado contempla una tributación del 20%, solo si se cumple con un Plan de Internacionalización y una cuota de exportación, de lo contrario, estas empresas deberán tributar sobre el 35%. Una situación que según el experto tributarista Tomas Barreto, generaría varios inconvenientes, entre ellos posibles demandas ante la Organización Mundial del Comercio, además de considerar que es un plazo impracticable dadas las limitadas condiciones de exportación con que cuenta el país.
«Las zonas francas según la Ley 1004 se concibieron como un mecanismo de atracción de nuevas inversiones, generación de empleo, ser polos de desarrollo, de promover las economías de escala. El compromiso de Colombia ante la OMC es que no se pueden crear incentivos de exportaciones, a cambio de recibir un beneficio en materia de impuestos directos. Si se aprueba la reforma tal y como está, en el mediano plazo Colombia podría estar en los estrados de la OMC y/o la Corte Constitucional, demandada por incumplir esos compromisos», explicó el experto.
Por otro lado, Barreto argumenta que Colombia compite con países que tienen tarifas diferenciales de renta que van desde el 0%, por lo que para el sector el aumentar este impuesto en el país haría que se pierda la competitividad. Sin dejar de lado, que los constantes cambios en las reformas ponen en riesgo la estabilidad jurídica y la tributaria, prerrequisito de los grandes inversionistas.
Actualmente, las zonas francas tienen presencia en 21 departamentos, es decir, en más del 65% de los departamentos del país, generan más de 147 mil empleos, el 90% de las empresas que se encuentran ubicadas en zonas francas son MiPymes y en el 2021 registró una inversión acumulada de más de 45 billones de pesos en el país, que se vería seriamente afectada con estas nuevas condiciones.
Ante esto, Tomás Barreto, experto en el régimen de las zonas francas, propone que «lo más adecuado es que el gobierno nacional y el legislativo revise la opción de que el plan de internalización para la exportación, pueda tener un tiempo de reglamentación y de implementación de al menos 3 años. Con este plazo se podría fortalecer la industrialización del país que ha pregonado el presidente de la república y con este tiempo prudente las compañías pueden reestructurarse para lograr las metas; hemos encontrado un ánimo de diálogo en el gobierno y estamos seguros que encontraremos una fórmula equilibrada«.
