En rueda de prensa que entregó el abogado Fabio Robayo Suárez, dio a conocer que se presentó por parte de los comuneros, de la comunidad de bienes del Fondo Ganadero, una querella policiva buscando proteger la posesión que ejercen sobre dicha propiedad, en contra de los señores Alejandro Benavides Diazgranados y Juan Sebastián Coy Usme, quienes desde el 21 de marzo de 2018 ejercían la administración por decisión de la junta provisional de comuneros.
Robayo Suárez manifestó que, estas personas pese haber sido removidos del cargo, desde el pasado 14 de enero de 2022, se niegan a la entrega formal del mismo y de los inmuebles bajo su custodia, al administrador designado.
Agregó que: «La comunidad de Bienes de FGM, está conformada por los activos remanentes que fueron adjudicados por la Superintendencia de Sociedades a 1.131 accionistas de la liquidación judicial e la sociedad».
Dijo igualmente que, el pasado 28 de enero de 2022, se reunió la junta General de Comuneros y aprobó por unanimidad la terminación del contrato provisional de prestación de servicios de administración, suscrito con la sociedad PETROLEUM SAS, a través de su representante legal suplente Alejandro Benavides Diazgranados, e igualmente se revocó la delegación que se le había otorgado a Juan Sebastián Coy Usme, para administrar la hacienda San Antonio.
En la misma reunión se designó como administrador de la comunidad al Ingeniero Agrónomo y Administrador Financiero, César Riqui Oliveros Cárdenas, con efectos legales a partir del 15 de febrero de 2022.
«Sin embargo pese a que han transcurrido 2 meses a la fecha los administradores revocados, se niegan a entregar el cargo y los bienes inmuebles bajo su responsabilidad, al administrador designado» , precisó Robayo Suárez.
«En consecuencia los administradores revocados se han convertido en perturbadores a la posesión de los bienes inmuebles de lacomunidad, como son, el Complejo Ganadero del Meta Catama y la Finca San Antonio, en la vía Puerto López, motivo por el cual se iniciaron las acciones policivas correspondientes a través de la Policía Metropolitana», enfatizó el abogado Fabio Robayo Suárez.
