Gracias al trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Gaula Militar fueron capturadas 10 personas e incautadas 50 toneladas de insumos, maquinaria y producto terminado, que distribuían en todo el país, incluido el departamento del Meta y otros departamentos de los Llanos Orientales.
Destrucción de cosechas, efectos adversos en los alimentos, riesgo inminente para la salud humana y contaminación de los recursos naturales serían algunas de las consecuencias graves e irreversibles que, según la evidencia obtenida por la Fiscalía General de la Nación, generaban los agroquímicos alterados o fraudulentos que elaboraba y distribuía una red delincuencial. Investigadores del CTI, adscritos a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, capturaron a 10 presuntos integrantes de la organización ilegal en Cúcuta (Norte de Santander), Bucaramanga y Floridablanca (Santander), Bogotá y Espinal (Tolima). En 19 diligencias fueron incautadas más de 50 toneladas de precursores líquidos y sólidos, producto terminado y maquinaria. Los procedimientos contaron con el apoyo del Gaula Militar y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que otorgó el concepto técnico sobre la legalidad, calidad y autenticidad de los insumos que fueron materia de inspección.
Esta estructura delictiva, al parecer, ingresaba las sustancias químicas de contrabando, vencidas y en mal estado por la frontera con Venezuela. En casas de familia y bodegas, supuestamente, las mezclaban y rendían indiscriminadamente con distintos elementos tóxicos, las envasaban y rotulaban como herbicidas, fungicidas e insecticidas.
Posteriormente, las comercializaban y enviaban a diferentes puntos del país en buses intermunicipales, vehículos de transporte escolar o como encomiendas.
De acuerdo con el material de prueba, al servicio del andamiaje ilícito había litografías dedicadas a simular las etiquetas, sellos y distintos mecanismos de seguridad de marcas reconocidas en el sector agropecuario; así como fábricas de empaques plásticos, tapas, cajas y todo lo necesario para darle la apariencia de autenticidad a las falsificaciones.
Adicionalmente, eran creadas empresas que, en realidad, servirían de fachada porque no tenían aval ni cumplían los protocolos de las autoridades competentes para el manejo de herbicidas, fungicidas e insecticidas.
Los indicios dan cuenta de que los productos alterados o fraudulentos habrían sido vendidos a distribuidores y agricultores de la Costa Atlántica, los Llanos Orientales, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, Huila y Arauca, entre otras zonas.
Fiscales del Eje Temático de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron a los 10 detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron los delitos de: fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud, usurpación de derechos de propiedad industrial, y concierto para delinquir.
Los investigados son: • Arturo García Contreras, señalado distribuidor y propietario de una bodega utilizada como centro de empaque y almacenamiento en Bucaramanga. • Luis Francisco Ríos James, sería uno de los distribuidores de la red y coordinador del envío de los agroquímicos falsos desde Santander hacia la Costa Atlántica. • Arlevis Araque Álvarez, presunto encargado de la elaboración y alteración de las sustancias químicas y de las etiquetas en Cúcuta. • Hely Fernando Dávila Velasco, supuesto proveedor de etiquetas, sellos y tapas de diferentes marcas, mediante litografías en Cúcuta. • Julio Araque Reyes, estaría involucrado en la elaboración y distribución de productos agroquímicos en Cúcuta. • Gabriel Ibarra Pimentel, sería una de las personas más experimentadas en la elaboración de envases de plástico, los cuales enviaba de Bogotá a los distintos puntos de adulteración de agroquímicos en Santander, Norte de Santander y Tolima. • Jorge Luis Ospina Laiseca, presunto responsable de producir y distribuir agroquímicos falsos desde Bogotá, a través de empresas de mensajería. • Luz Marina Ospina Laiseca, señalada de la comercialización de productos agroquímicos falsos e insumos secos. • Nidia Patricia Aponte Páez, sería una de las encargadas del transporte, compra de materia prima y distribución de insumos en Cúcuta. • Óscar Alberto Navas Olivares, quien tendría un centro de producción y falsificación de las sustancias químicas en una finca de El Espinal (Tolima).
