“Es necesario que se haga un peritaje o evaluación que determine el estado general de la obra, qué de lo que está construido puede ser funcional y lo que definitivamente no se puede subsanar, porque lo cierto es que sí hay viviendas construidas”, así se defendió el Ex-secretario de Vivienda sobre el Proyecto de Vivienda Rural Indígena.
Luis Alberto Rodríguez, ex – secretario de Vivienda del Meta en los gobiernos de Alan Jara y Marcela Amaya, respondió a los señala-mientos que le han venido atribuyendo por el caso del Proyecto de Vivienda Rural Indígena en 10 municipios del departamento, por más de $13.000 millones que encontró la Contraloría General de la Nación (CGN) como hallazgo fiscal por supuestas irregularidades en este contrato ejecutado con recursos del Sistema General de Regalías. El Ex – funcionario concedió una entrevista al Periódico Llano Al Mundo en la que defendió sus actuaciones en el ejercicio del deber cuando se desempeñaba como secretario de vivienda departamental.
Rodríguez, partió explicando que este proyecto suscrito el 19 de octubre del 2015 mediante el contrato de obra N° 1470 de 2015, por la Gobernación del Meta a través de él –como el entonces secretario de vivienda-, con la Unión Temporal (UT) Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, representada legalmente en su momento por Néstor William Bravo Bermúdez, por un valor de $21.030.000 millones, fue formulado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas en inglés, USAID. Luego, fue presentado ante el OCAD, siendo aprobado por expertos mediante este trámite, cumpliendo con todas las certificaciones y requisitos de ley, proceso que generó una demora para la salida a la licitación pública.
El Ex-funcionario, advirtió que su papel dentro del proceso de contratación en este proyecto como secretario de vivienda, fue abrir la convocatoria de licitación, un proceso de carácter público, cuya principal característica es que se adjudica a quien cumpla las mejores condiciones. Explicó que luego de este proceso, existen unas cláusulas que él- en función de secretario- estaba obligado a cumplir legalmente. “Sí para girar un anticipo, hay una serie de documentos y requisitos que se cumplen, pues yo simplemente los giro. ¿Cuál es la labor del Secretario?. Girar el anticipo a la Fiducia”, aclaró.
De esta manera, el Ex -funcionario respondió al cuestionamiento encontrado por la CGN, pues ésta “detectó uso indebido y mala inversión de un anticipo de obra y otros pagos, por $13.885 millones”, así reza el comunicado No. 071 emitido el 28 de mayo de 2019 por dicha entidad. El anticipo, correspondió al 50% del valor del contrato, es decir, $10.515 millones, según el Ente de Control. También señaló la CGN que este dinero girado al contratista era un recurso público que como préstamo se destinaría a los costos del contrato, es decir, este dinero era de la Gobernación del Meta y no de la Unión Temporal Indígena, con el fin de ser invertido, y amortizado en cada pago parcial del contrato.
Ante este hallazgo fiscal, Rodríguez continúo explicando que una vez el dinero del anticipo está en la fiducia, según el Ex – secretario, el que aprueba o no el plan de inversión, y la que permite que se le hagan los pagos de esta recurso al contratista es la interventoría. “No es Luis Alberto como secretario el que aprueba que la plata le llegue al contratista”, reiteró.
El Ex – secretario explicó que el anticipo se gira, pero se siguen cancelando cortes parciales de obra que están debidamente cobrados por el contratista, y certificados por la interventoría. “Yo como secretario estoy obligado a pagar porque me están certificando un avance de obra, pero además, de cada pago se iba amortizando el anticipo. El contratista cobra y la interventoría dice sí se puede pagar o no”, anotó, defendiendo su desempeño en la Secretaría de Vivienda Departamental.
Dicho Proyecto de Vivienda Indígena contemplado de la siguiente manera: Puerto Gaitán (4 proyectos), La Uribe (2 proyectos), Mesetas (2 proyectos), y Puerto López (2 proyectos) comprende la construcción de 517 unidades habitacionales de interés prioritario. Según la CGN en su visita técnica en los meses de marzo, abril y mayo del presente año a estos municipios encontró que las “viviendas que se iban construir no fueron terminadas y lo poco que se ha edificado presenta defectos constructivos y de tipo estructural, y no tiene condiciones básicas de habitabilidad”.
Cada quien a responder
En este caso, según el Ex – funcionario, la interventoría es una empresa contratada con toda la experiencia requerida para ser los “ojos” de la administración y realizar los seguimientos técnicos de control, y verificación de las obras. Y no era él, el encargado de ir a medir ni hacer las pruebas de resistencia de las mismas, sino a quien se contrató para ello.
Sin embargo, dejó claro que no tiene nada en contra del papel que desempeñó la inter-ventoría. “Ahora, no con esto estoy diciendo que la interventoría lo haya hecho bien o mal, ellos también tendrán que demostrar sus actuaciones. Hoy estoy hablando es de las mías (mis actos)”, explicó.
“Para la Contraloría, la Secretaría de Vivienda del Meta no cumplió con sus obligaciones de supervisión al contrato, así como también fue ineficiente la interventoría externa, a cargo del Consorcio Awaliba, cuyo representante legal en ese momento era el señor Iván Mauricio Aroca Cáceres”, así reza el comunicado del Ente de Control.
Respondiendo a esta parte del Informe de CGN, Rodríguez explicó que el anticipo del mencionado Proyecto de Vivienda Indígena estuvo respaldado por pólizas de acuerdo a la ley, y que su “error” hubiese sido sí él no hubiera asegurado dicho proceso, hecho que sí era su responsabilidad y obligación como secretario.
Acotó que previó y cumplió con todos los principios del proceso administrativo de este proyecto que estaban bajo su responsabilidad, tanto así, que en caso de que las viviendas contempladas en dicho proyecto presentaran daños estructurales, después de construidas, éste cuenta con unos seguros de estabilidad de la obra que deben responder por ello.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el contrato ya se venció, y no se concluyó la obra que tenía un plazo de 10 meses, y hoy completa más tres años sin que la misma avance de forma significativa como lo indica la CGN, para el Ex – secretario las garantías (pólizas) del anticipo y estabilidad de la obra deberían de ejecutarse para que se termine con éxito el proyecto. “En estos momentos no podemos decir que la plata se perdió, sino que está en riesgo de perderse, y para ello, se tienen que tomar las medidas de parte de quien está a cargo de la Secretaría de Vivienda para que de ser necesario, decrete el incumplimiento, o se llegue a un acuerdo con la aseguradora para que se termine con la obra”, concluyó Rodríguez.
En cuanto al Informe de la Contraloría anunció que su respuesta será la de demostrar que cumplió con los protocolos administrativos que estaban bajo su responsabilidad, de igual manera como, el contratista tendrá que validar la forma en qué construyó, y la interventoría explicar las razones por las que certificó los avances de obra.
/Llanoalmundo
