El Gobierno francés endureció su postura frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y reclamó que los países sudamericanos acepten la aplicación de una cláusula de salvaguarda, en medio del rechazo frontal de los sindicatos agrícolas y de la búsqueda de una minoría de bloqueo para frenar su formalización.
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Francia dejó claro que no está satisfecha con las concesiones realizadas hasta ahora por la Comisión Europea para avanzar en el acuerdo UE-Mercosur y exigió que los países del bloque sudamericano asuman formalmente la llamada cláusula de salvaguarda. Esta herramienta permitiría suspender de manera temporal las preferencias arancelarias a ciertas importaciones agrícolas si se registra un aumento significativo de los flujos comerciales que afecte a sectores considerados sensibles.
Fuentes del Ministerio francés de Exteriores subrayaron que la estrategia de París sigue siendo la conformación de una “minoría de bloqueo” que impida la formalización del acuerdo, prevista para el próximo 12 de enero. Aunque reconocen que en los últimos meses se han producido algunas mejoras en las propuestas comunitarias, Francia insiste en que estas no son suficientes para proteger a su sector agrícola.
Uno de los principales puntos de fricción es la falta de adopción plena de la cláusula de salvaguarda por parte de los países de Mercosur, así como la exigencia de aplicar de manera efectiva las llamadas cláusulas espejo. Estas disposiciones buscan garantizar que los productos importados cumplan las mismas normas fitosanitarias, de uso de antibióticos y de hormonas de crecimiento que rigen para los productores europeos, respaldadas por un sistema de control riguroso.
El rechazo al acuerdo es compartido de forma unánime por los sindicatos agrícolas franceses, que han convertido esta demanda en una de las banderas de las protestas realizadas en las últimas semanas. Las movilizaciones, impulsadas también por la crisis de la dermatosis nodular contagiosa del ganado bovino, retoman fuerza tras el paréntesis de fin de año, mientras el Gobierno galo mantiene su pulso diplomático dentro de la Unión Europea.
