Lo primero que hay que decir es que, cuando de restitución de tierras se habla, hay que remitirnos a la labor de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el país, un órgano del Gobierno Nacional que nace bajo la Ley 1448 del 2011, cuya misión es la de restituir la tierra de las víctimas de despojo y abandono forzado entre el 1 de enero del 1991, y junio del 2011, pero que luego fue prorrogada su vigencia a través de la Ley 2078 del 2021 hasta el 10 de junio del 2031, es decir, que la Unidad sigue recibiendo solicitudes de personas víctimas que aún no están registradas en el Registro Único de Víctimas.
La misión de la URT: Su fin es el de llevar el proceso administrativo y el acompañamiento judicial de la mano de comunidades étnicas y afros (ruta colectiva); y los grupos organizativos campesinos, así como de personas víctimas (ruta individual) de despojo y abandono forzado de sus tierras en el territorio nacional, ayudando en la restauración de los territorios en armonía con sus planes de vida en pro de la consolidación de la Paz Total.
La URT en el país tiene cerca de 16 direcciones territoriales, entre ellas, la del Meta, cuya jurisdicción cubre los departamentos de Guaviare y Meta, y tres municipios de Cundinamarca (Paratebueno, Ubalá y Medina). El sociólogo, César Santoyo Santos, es el director de esta territorial, quien es Magíster en Administración Pública e Investigador Social y Defensor de Derechos Humanos (DD.HH), con cerca de 25 años de experiencia de trabajo con las comunidades campesinas del Alto y Bajo Ariari, en temas de desaparición forzada y procesos de seguimiento con organizaciones comunitarias, procesos comunales y ordenamiento territorial, dándole voz a las víctimas de graves vulneraciones a los DD.HH y al Derecho Internacional Humanitario.
Etapas del Proceso de Restitución: El Director Santoyo, explicó que el proceso de restitución de tierras tiene tres etapas: una administrativa, en la que se hace estimación y análisis de pruebas; otra judicial, en la cual se litigan esos casos ante la Justicia; y una de posfallo o cumplimiento, en la que se acompaña a las víctimas que ya han sido restituidas por la justicia para que estén bajo las órdenes judiciales que se emitan, garantizándo las mejores condiciones para que puedan volver a gestionar y recuperar aquello que perdieron en algún momento.
Cifras y avance del proceso de restitución en la Territorial Meta: Durante los 12 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1.240 personas han sido beneficiadas con 290 sentencias, que ordenan la devolución de 71.444 hectáreas a campesinos e indígenas que fueron despojados o debieron abandonar sus tierras forzosamente por cuenta del conflicto armado. En lo corrido de 2023, la URT ha intervenido 61.352 hectáreas, mediante labores catastrales y con el uso de tecnología aérea; se han reclamado ante la justicia más de 1.800.000 hectáreas de territorio ancestral y 77 casos de campesinos.
En la jurisdicción de la Dirección Territorial Meta y Guaviare se han recibido 11.728 solicitudes, de las cuales 8.929 se encuentran habilitadas para su intervención y 6.224 están con trámite finalizado. Para este proceso se hace un estudio previo que determina si el predio queda o no inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). En la etapa judicial, la Unidad ha llevado 1.392 casos ante la justicia, de los cuales 77 corresponden a la vigencia 2023; asi mismo, en lo corrido de este año, se destaca que 61.352 hectáreas han sido intervenidas con labores catastrales en respuesta a 183 solicitudes, y se han realizado 118 salidas a terreno con acompañamiento de la Fuerza Pública.
Reparación Integral: “Lo anterior significa que no solamente hacemos caso de lo que tenemos que hacer como URT, sino que ayudamos a que las demás entidades del Estado hagan la tarea que tengan que realizar, y mediante este organismo, garantizar el derecho de las víctimas a la restitución y reparación integral de la que versa la ley, esto hace parte del desarrollo de esta tarea”, explicó Santoyo Santos.
Finalmente, en la etapa de cumplimiento del proceso de restitución, se realiza, dependiendo del caso, la entrega material y jurídica del predio que incluye: el título de propiedad formalmente registrado, una solución o mejoramiento de vivienda, el establecimiento de un proyecto productivo y el alivio de pasivos por impuestos; o las denominadas compensaciones con la adjudicación de un predio equivalente al restituido; o se entrega dinero cuando el juez así lo determine. En esa sintonía, a la fecha, la justicia ha proferido 289 sentencias en beneficio de 268 familias, y ha ordenado 155 compensaciones y la devolución de 55.409 hectáreas a campesinos del Meta.
Proyectos productivos
De acuerdo con el Director, otra de las líneas de reparación que dirige directamente la URT, tiene que ver con la puesta en marcha de los proyectos productivos para quienes ya han sido restituidos, pues una vez retornan al campo, se hace necesario que las víctimas regresen con la perspectiva de un plan de vida allí, pero también en condiciones de productividad, determinando las vocaciones agropecuarias o ecoturistas del predio de quienes retornan. En este sentido, en la ruta individual, 107 familias restituidas han accedido a estos planes de producción agropecuarios que les garantizan su seguridad alimentaria y sostenibilidad, con una inversión superior a los $3.100 millones, en líneas como ganadería, porcicultura, apicultura y cultivos de cacao, aguacate, cítricos, entre otros.
