El presidente Gustavo Petro justificó la declaratoria de estado de emergencia económica y social como una respuesta “urgente” a la coyuntura fiscal del país, agravada —según su versión— por el archivo en el Congreso de la reforma fiscal (ley de financiamiento) con la que el Gobierno buscaba cerrar parte del faltante presupuestal y sostener programas clave en 2026.
La medida quedó formalizada en el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, que declaró la emergencia en todo el territorio nacional por 30 días, habilitando al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley y realizar movimientos presupuestales orientados —según el propio decreto— a conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. Leer el decreto
El punto de quiebre: el Congreso no aprobó la reforma fiscal
En sus declaraciones, el presidente insistió en que el Gobierno venía advirtiendo un deterioro de las finanzas públicas y que la ruta institucional para conseguir ingresos adicionales era la ley de financiamiento, pero esta fue hundida/archivada en las comisiones económicas. Petro señaló que esa decisión legislativa dejó al Ejecutivo con un margen limitado para cubrir el déficit y cumplir compromisos de gasto, razón por la cual acudió a la figura excepcional.
Medios económicos también han subrayado que el decreto aparece directamente ligado al hundimiento del proyecto tributario, al considerarlo el detonante inmediato que llevó al Gobierno a activar el mecanismo de emergencia.
Qué dijo Petro: por qué, según el Gobierno, era “necesario” el decreto
El mandatario enmarcó la decisión en la imposibilidad de alcanzar un ajuste fiscal por la vía ordinaria, argumentando que sin medidas rápidas el país enfrentaría riesgos sobre la sostenibilidad de la deuda y la financiación de rubros sensibles. En sus palabras, la emergencia busca habilitar herramientas para responder con rapidez a la crisis y garantizar continuidad de obligaciones estatales.
En paralelo, la cobertura internacional describió la emergencia como un intento del Gobierno de crear o ajustar tributos por decreto para enfrentar el déficit, tras el fracaso del paquete fiscal en el Legislativo, en medio de un debate fuerte sobre la legitimidad y la solidez jurídica de la justificación.
El debate público: urgencia fiscal vs. límites constitucionales
La declaratoria abrió un pulso político y jurídico. Analistas y sectores críticos han señalado que un “estado de emergencia” requiere hechos sobrevinientes o extraordinarios, y que la crisis fiscal, al ser conocida y discutida desde meses atrás, podría enfrentar cuestionamientos ante la Corte Constitucional. A la vez, el Gobierno sostiene que la combinación de presiones fiscales y necesidades de financiación inmediata hace indispensable actuar sin dilaciones.
Más allá del decreto
En su intervención, el presidente insistió en que la emergencia no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un instrumento temporal para abrir paso a soluciones estructurales. “El objetivo es que Colombia salga fortalecida, con un Estado más capaz de prevenir y no solo reaccionar”, concluyó.
La declaratoria marca un nuevo capítulo en la gestión gubernamental frente a la crisis social y económica, y abre un periodo de seguimiento ciudadano y periodístico sobre las medidas que se adopten y su impacto real en la vida de los colombianos.
Lo que viene
Con el decreto vigente, el Ejecutivo podrá expedir decretos legislativos durante el periodo de emergencia, pero estos quedarán bajo revisión judicial y bajo el escrutinio político y ciudadano, en un escenario donde el dato de fondo sigue siendo el mismo: la reforma fiscal no pasó en el Congreso, y el Gobierno optó por un camino excepcional para obtener margen de maniobra.
