El anuncio del presidente Gustavo Petro de fijar el salario mínimo en $2.000.000 para el próximo año abrió un intenso debate económico. Para Daniel Gómez, economista y profesor universitario, el incremento del 23 % decretado por el Gobierno plantea serias preocupaciones al no estar alineado con la productividad ni con la capacidad real de la economía colombiana, lo que podría generar efectos contrarios a los buscados en empleo, equidad y bienestar.
Lea también: Presidente Petro anuncia salario vital de 2 millones de pesos, incluido transporte, para 2026
Daniel Gómez, economista con formación académica sólida y trayectoria como docente en la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana, sostiene que un salario mínimo que crece muy por encima de la productividad termina excluyendo a los trabajadores más vulnerables del mercado laboral formal. Según su análisis, jóvenes, mujeres, personas no cualificadas y habitantes de zonas rurales serían los más afectados, al ver reducidas sus posibilidades de acceder a empleos que les permitan beneficiarse del sistema de protección social y de la economía formal.
El académico advierte que un salario mínimo excesivamente alto frente a la productividad total del país limita la capacidad de contratación de las empresas, desde los micronegocios hasta las mipymes e incluso las grandes compañías. En este contexto, contratar trabajadores de baja calificación que devengan el mínimo se vuelve financieramente inviable, lo que genera un efecto contraproducente: menos empleo formal y mayor presión hacia la informalidad, en lugar de una mejora real en las condiciones laborales.
Otro de los impactos señalados es la indexación de precios
Gómez explica que el aumento del salario mínimo suele arrastrar al alza múltiples costos de la economía, elevando el costo de vida de las familias sin que necesariamente aumente su capacidad de pago. Esto resulta especialmente problemático si se tiene en cuenta que solo alrededor del 10 % de la fuerza laboral en Colombia gana el salario mínimo, una proporción que, lejos de crecer, viene disminuyendo con el paso de los años.
Las cifras del DANE refuerzan esta preocupación.
La comparación de ingresos entre 2024 y 2025 muestra una reducción en el número de personas que ganan el salario mínimo y un aumento cercano a 500.000 personas que perciben menos de ese ingreso. Para Gómez, este panorama anticipa que la medida no será pro igualdad ni pro equidad, y que difícilmente contribuirá a reducir la pobreza o a mejorar los indicadores de bienestar en el próximo año, si no se acompaña de políticas que impulsen la productividad y la generación de empleo formal.
/Redacción Llanoalmundo
