Ante las diversas protestas que se realizan a menudo en Colombia a las que acuden trabajadores del sector petrolero, el departamento del Meta no es ajeno a estas actividades, sobre todo en los municipios o zonas de influencia de hidrocarburos, por lo que, a través de la Secretaría Departamental de Minas y Energía, socializará ante las comunidades de Puerto López, Puerto Gaitán y Villavicencio, el Decreto 003 de 2021 que emanó el Gobierno Nacional el pasado 05 de enero de ese mismo año.
El decreto 003 de 2021 de manera oficial dice: “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado y protección del derecho a la protesta pacífica”, y establece directrices para la actuación de las autoridades de Policía en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas.
En la orientación del decreto, se espera la participación del Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Fiscalía, el Ejército, la Policía Nacional, la Gobernación del Meta, Asamblea departamental, alcaldías, concejos municipales y la población en general que tenga que ver con las labores realizadas en las zonas de influencia petrolera e hidrocarburos.
“Es necesario conocer de manera legal, cuál es la ruta para acompañar y apoyar a los protestantes, preservando sus derechos, pero también entender a las autoridades, cuando atienden una situación de conflicto, una situación de bloqueo o manifestaciones con actuación de vías de hecho, para respetarse mutuamente en el marco legal”, puntualizó María Rosario Sanabria, secretaria de Minas y Energía del Meta.
Por ahora se adelantan las gestiones necesarias para que la socialización del Decreto se lleve a cabo en horas de la mañana del martes 29 de marzo en el municipio de Puerto López, el 30 en Puerto Gaitán y el 31 en la ciudad capital Villavicencio. Es así como la Secretaría de Minas continúa fortaleciendo su presencia con las comunidades de las zonas de influencias como ente mediador y garantizador de condiciones dignas entre las petroleras y la gente.
