La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras destaca la restitución para asegurar el goce efectivo de los derechos de las víctimas, y plantea la compensación como una medida que puede ser aplicada ante la imposibilidad jurídica y material de restituir. Este es el caso de la familia Gómez* que tiene derecho a la restitución, pero por orden judicial no regresará al predio abandonado por presión de las Farc en la inspección de Puerto Alvira y será compensada con una nueva vivienda.
En 1988, Jesús Gómez* y su esposa adquirieron un predio de 372 metros cuadrados en el que habitaban junto a sus hijos; luego establecieron una tienda y una heladería como actividad comercial de la cual derivaban el sustento familiar. En 1990 el señor Gómez* fue elegido como presidente del Concejo Municipal en representación del partido Conservador y además fue el primer presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, situación que generó fuertes contiendas políticas con el partido Unión Patriótica y con la guerrilla de las Farc-EP.
Un año después, don Jesús* fue informado que las Farc-EP lo habían declarado objetivo militar por lo que esa guerrilla tenía un plan para asesinarlo en el sector de Caños Negros, razón por la cual él y su familia debieron huir hacia Villavicencio para salvaguardar sus vidas. Una vez los integrantes del grupo ilegal, tuvieron conocimiento de su salida, se encargaron de arrojar todas sus pertenencias al río Guaviare y de demoler la casa.
Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, informó que la entidad llevó este caso ante la justicia, que ordenó que los integrantes de la familia Gómez* sean titulares del derecho fundamental a la restitución, cuya materialización se concretará con la entrega de otro predio de similares características. En este caso el Juzgado primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio tuvo en cuenta la petición de los solicitantes quienes por su avanzada edad y por los problemas de seguridad no desean regresar a la zona.
Además de la compensación con un nuevo predio, la familia Gómez, tiene derecho a la oferta institucional de Estado como garantía para su reparación integral.
*Nombres cambiados
