Durante años, el proyecto de la Refinería de Petróleos del Meta fue presentado ante la opinión pública como uno de los mayores escándalos de corrupción regional. Sin embargo, documentos oficiales de los organismos de control del Estado, hoy conocidos en detalle, demuestran que no existió detrimento patrimonial, que no hubo sobrecostos, y que las investigaciones adelantadas fueron archivadas por inexistencia de daño.
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En entrevista con Periódico Llanoalmundo -LL-, el tres veces gobernador del Meta y hoy candidato al Senado, Alan Jara Urzola -AJU-, expone, con cifras y soportes oficiales, qué fue realmente lo que se hizo durante su administración, qué quedó en manos del departamento y por qué la Fiscalía desistió de llevarlo a juicio.
LL: Durante años se habló del supuesto “robo de la refinería del Meta”. ¿En qué consistió realmente ese proyecto?
AJU: Lo primero que hay que decir con claridad es que nunca existió un robo, porque nunca se contrató ni se ejecutó la construcción de una refinería. Lo que se desarrolló durante mi administración fue la fase inicial y legal de un megaproyecto, como ocurre con cualquier obra de esta magnitud en el mundo: estudios, diseños, adquisición del terreno y obtención de la licencia ambiental. Ese proyecto fue satanizado y convertido en un relato falso que se repitió durante años, generando una confusión profunda en la ciudadanía.
LL: Uno de los principales señalamientos fue la compra del terreno. ¿Hubo sobreprecio?
AJU: No. Y los documentos oficiales lo demuestran. El predio Bosques de Cajuy, adquirido en 2013, costó 4.200 millones de pesos. Sin embargo, un peritaje ordenado por la Fiscalía General de la Nación estableció que en ese mismo año el valor comercial real del terreno era cercano a 9.941 millones de pesos. Es decir, se pagó menos de la mitad de su valor real. Lejos de existir detrimento, hubo incremento del patrimonio público. Hoy ese terreno sigue siendo propiedad de la Gobernación del Meta, y su valor, según avalúos posteriores, supera ampliamente el monto invertido.
LL: ¿Qué ocurrió con la licencia ambiental, otro de los puntos más cuestionados?
AJU: La licencia ambiental es uno de los activos más valiosos de cualquier proyecto industrial. La Contraloría General de la República, en un auto de más de 470 páginas, estableció que el valor estimado de una licencia ambiental para una refinería equivale aproximadamente al 10 % del valor total del proyecto. En este caso, el proyecto estaba estructurado en alrededor de 6 billones de pesos, lo que ubica el valor de la licencia en cerca de 600.000 millones de pesos. Esa licencia está vigente hoy y está en cabeza del departamento del Meta.
LL: ¿Qué dijeron finalmente los organismos de control?
AJU: La Contraloría General de la República fue clara: archivó el proceso de responsabilidad fiscal por inexistencia de daño. La Fiscalía General de la Nación, tras años de investigación, desistió de inculparme, al no encontrar mérito alguno para llevarme a juicio. Eso no solo limpió mi nombre, sino que ratificó que nunca cometí un delito.
LL: Incluso se habla de documentos falsificados. ¿Qué ocurrió?
AJU: La Fiscalía estableció que 17 documentos contenían firmas falsificadas, las cuales indujeron al error a los organismos investigadores. Los peritajes de la Policía Judicial y de la DIJÍN confirmaron que esas firmas no correspondían a los funcionarios reales. No se pudo establecer quién falsificó los documentos, pero sí quedó claro que fueron falsos y que no correspondían a mi administración.
LL: ¿Por qué, entonces, no se construyó la refinería?
AJU: Porque un megaproyecto no se ejecuta en un solo periodo de gobierno. Requiere voluntad política continua. Mi administración entregó los insumos estratégicos: terreno, estudios y licencias. Los gobiernos siguientes no dieron continuidad al proyecto. Eso no es un delito; es una decisión política posterior.
LL: ¿Qué daño dejó esta desinformación?
AJU: El daño fue enorme. A mi nombre, a mi familia y, sobre todo, a los habitantes del Meta, que perdieron la posibilidad de un modelo de desarrollo industrial que habría transformado la economía regional, generado empleo y aumentado el patrimonio público. La mayor pérdida no fue jurídica, fue social y económica.
LL: ¿Hoy está usted habilitado para aspirar a un cargo legislativo?
AJU: Sí. Nunca fui imputado, nunca fui condenado y nunca existió un proceso penal en mi contra. Las decisiones de la Fiscalía y de la Contraloría me dejaron plenamente habilitado, no por gracia política, sino por la verdad jurídica de los hechos.
LL: Para finalizar, ¿Considera usted que hoy es viable hacer la refinería en el Meta?
AJU: Creería que sí, porque las condiciones estructurales siguen siendo las mismas. El Meta continúa siendo un territorio productor de petróleo y el país sigue necesitando ACPM, gasolina y nafta, que son derivados fundamentales de la industria de los hidrocarburos. Desde luego, cualquier iniciativa de esta magnitud exige actualizar los estudios y los diseños, de acuerdo con las condiciones técnicas, ambientales y económicas actuales. Eso implica inversión, pero es un paso inevitable y responsable. Nadie puede ejecutar un proyecto serio sin estudios ni diseños. Yo sigo creyendo que esta es una iniciativa de sentido común: si tenemos el recurso, si seguimos demandando los combustibles y si históricamente ha sido rentable refinarlos en otros territorios, la pregunta lógica es por qué no refinarlos aquí, generando valor agregado, empleo y desarrollo regional.
El Candidato Alan Jara, dejó claro a través de una rueda de prensa a medios regionales que: el llamado “robo de la refinería del Meta” nunca existió. Lo que existió fue un proyecto de desarrollo inconcluso, una cadena de desinformación sostenida en el tiempo y un daño profundo a la confianza pública.
“Hoy, los documentos oficiales permiten reconstruir la verdad: no hubo detrimento, no hubo corrupción y sí quedó patrimonio público. El reto pendiente sigue siendo el mismo: que el Meta no vuelva a perder oportunidades por la falta de continuidad y por la política del descrédito”, Jara Urzola.
Jara Urzola en su sitio web –www.alanjara.com– ha publicado los documentos emitidos por la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República donde se evidencia el resultado de las investigaciones.
/Redacción Llanoalmundo
