La Gestión del Riesgo de Desastres en Villavicencio se ha convertido en una de las prioridades de la Administración Municipal, en un contexto donde la temporada invernal no ha dado tregua y continúa impactando distintos sectores de la ciudad. El alcalde Alexander Baquero destacó que, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, se han adelantado importantes obras de mitigación en puntos críticos como Ciudad Porfía, Samán de la Rivera, el sector de La Rosita, el puente del río Guatiquía y la zona de la Universidad Cooperativa, entre otros.
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Con el apoyo de maquinaria –en gran parte alquilada– y la participación activa de las comunidades, se han construido jarillones, direccionado cauces y canalizado tramos de río, además de iniciar trabajos con espolones y gaviones para reducir la vulnerabilidad frente a crecientes y desbordamientos.
Baquero enfatizó que, aunque el invierno persiste, los avances son significativos y reflejan un esfuerzo conjunto entre la Administración local y la ciudadanía para proteger a Villavicencio, y mitigar los riesgos que trae consigo la ola invernal.
El esfuerzo de la gestión del riesgo en Villavicencio
La Oficina de Gestión del Riesgo de Villavicencio, en cabeza de Juan Carlos Guzmán, ha asumido un papel protagónico en la reducción de las amenazas que generan las fuertes lluvias. Según explicó, la entidad funciona como la oficina asesora del alcalde Alexander Baquero en todo lo relacionado con el conocimiento, la reducción y la atención de desastres en el municipio. Su trabajo va desde la identificación de amenazas y vulnerabilidades hasta la ejecución de proyectos de mitigación y la coordinación de la respuesta en situaciones de emergencia.
Actualmente, uno de los frentes más críticos ha sido el río Ocoa, que presentó graves afectaciones tras las lluvias del pasado 1 de julio. Allí, con apoyo comunitario, se adelanta la construcción de gaviones en el sector de Samán de la Rivera, donde la Administración aporta maquinaria, logística y materiales, mientras que los habitantes ponen la mano de obra. Esta labor conjunta se replica en otros puntos de la ciudad como Puente Caído, donde ya se terminó un primer espigón, y en el sector de Juan Pablo II, donde se levantan jarillones y espolones para reforzar la protección de la zona.
El funcionario detalló además la intervención en el caño Maizaro, cuyo cauce viene siendo descolmatado desde la parte alta hasta barrios como Brisas del Maizaro y Betty Camacho, con el fin de ampliar, canalizar y retirar la acumulación de basura que ha provocado desbordamientos. A estas obras se suman acciones en sectores como Pompeya, Villa Julia, el polideportivo del barrio Recuerdo y el Colegio Departamental La Esperanza, donde se adelantan estructuras en gavión para proteger viviendas y equipamientos comunitarios.
En materia de priorización, Guzmán explicó que los jarillones cumplen una función clave: permiten direccionar el río, controlar trasvases y evitar que las crecientes arrasen con las viviendas ubicadas en las rondas. Estas estructuras, que se levantan con tierra y material del mismo río, facilitan además el acceso de maquinaria para la posterior construcción de obras más complejas como muros, gaviones y espolones.
Desafío social
Sin embargo, el desafío no es solo técnico, también es social. Muchas familias han construido sus viviendas en rondas de río y caños, debido a la falta de control urbanístico de años anteriores y a la necesidad de acceder a un lote económico, para garantizar un techo. Ante esta realidad, la Administración reconoce que no siempre es posible la reubicación, por lo que las medidas se enfocan en proteger a quienes ya habitan estas zonas, al tiempo que se buscan alternativas de relocalización para los casos más críticos.
Gestionar recursos: el gran reto
El jefe de la oficina señaló que el presupuesto operativo de gestión del riesgo es cercano a los $11.000 millones, pero las obras de reducción proyectadas superan los $400.000 millones. Estos recursos deberán gestionarse a través de diferentes fuentes, entre ellas: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación del Meta y el propio municipio. Ejemplo de ello, es el proyecto para implementar un sistema de alertas tempranas en Villavicencio, que contará con una inversión de $5.500 millones, de los cuales el municipio aportará $1.050 millones.
Finalmente, Guzmán resaltó la importancia del trabajo comunitario en casos como el de los barrios Pacandé y Aranjuez, donde los habitantes reunieron más de 2.000 llantas para la construcción de un jarillón de protección. “Las comunidades ya entienden que no es el sitio perfecto para vivir, pero también se suman a la búsqueda de soluciones”, concluyó.
/Llanoalmundo
