El proyecto de ley que busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 fue aprobado por unanimidad, en primer debate, en la Comisión Sexta del Senado y ahora pasa a manos de la plenaria para su análisis.
Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo corregir una deuda histórica con la educación superior pública, modificando la fórmula y la metodología para el cálculo del presupuesto de las instituciones de educación superior, con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera.
La reforma permitirá fortalecer la cobertura, calidad y acceso a la educación superior, asegurando recursos para infraestructura, desarrollo institucional y, por primera vez, financiación para instituciones técnicas y tecnológicas.
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El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, al reconocer la aprobación de la iniciativa, resaltó que «estamos comprometidos con una transformación estructural que garantice los recursos adecuados para las universidades y que, a su vez, contribuya al crecimiento del país».
Durante el debate, el presidente de la Comisión Sexta, senador Pedro Flórez, destacó la importancia del proyecto y la participación de los distintos actores del sector educativo.
«Este proyecto es el resultado de un diálogo amplio e inclusivo con estudiantes, docentes, rectores y expertos. Estamos construyendo un acuerdo nacional para la financiación de la educación superior pública», afirmó.
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Entre el 2000 y 2023, las matrículas en las instituciones de educación superior pública han aumentado 176 %, mientras que las transferencias de la nación solo han crecido un 62 % en precios reales de 2023, por lo que llegó el momento de un cambio.
«Cuando llegamos al gobierno, solo se destinaban 0,4 puntos porcentuales del PIB al funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas. Este gobierno, haciendo un esfuerzo, lo llevó al 0,54. Con voluntad política y apoyo del Congreso, buscamos llegar al 1% y seguir así acercándonos al promedio OCDE», precisó Daniel Rojas.
/ Presidencia
