La Fiscalía General de la Nación imputó a tres abogados por actuar en presunta connivencia con funcionarios judiciales y obtener fallos de tutelas que obligaron a la estatal petrolera a pagar reconocimientos laborales que no procedían.
Luego de algo más de cinco audiencias de control de garantías frustradas por presuntas excusas y diversos recursos presentados por la defensa, la Fiscalía General de la Nación
logró la judicialización de tres abogados investigados por su presunta vinculación al
entramado ilegal en el que fueron presentadas y falladas irregularmente tutelas que
afectaron el presupuesto de Ecopetrol en $137.475’480.065.
Durante las audiencias concentradas que se cumplieron en Bogotá, el fiscal del caso
imputó a José Trinidad Minota Quintero, Asael Argüello Cortés y Jorge Luis Horta
Orozco, los delitos de prevaricato en calidad de determinadores, peculado como
intervinientes y concierto para delinquir.
Al término de las diligencias, el juez de control de garantías impuso a los tres abogados
medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario e hizo un llamado
atención a los procesados y sus defensores por las maniobras dilatorias utilizadas para
evitar que se cumplieran las audiencias, como recusaciones infundadas, acciones de tutela
contra los funcionarios judiciales encargados del proceso, entre otras.
Antecedentes
En este caso de corrupción conocido como «Pozo de la Dicha», la Fiscalía demostró que
durante los años 2010 y 2011, la Sala Laboral del Tribunal de Cúcuta, integrada por los
magistrados Félix María Galvis Ramírez y Fernando Castañeda Cantillo, concedió pagos
por conceptos laborales a través de tutelas falladas de forma contraria a la ley, que luego
fueron revocadas por la Corte Constitucional en el año 2012.
En las investigaciones la Fiscalía constató que fueron concedidas 18 tutelas a favor de 580
accionantes, luego de supuestas concertaciones con jueces y abogados litigantes. Por estos hechos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a los dos ex-magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta.
Fernando Castañeda Cantillo recibió una pena de 21 años, 9 meses y 21 días de prisión; mientras que Félix María Galvis Ramírez fue sentenciado a 22 años, 8 meses y 2 días de cárcel. El fallo declaró a los exmagistrados culpables de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y prevaricato. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
/Fiscalía General de la Nación
