En un acto público de alto significado histórico y simbólico, el Estado colombiano reconocerá oficialmente su responsabilidad internacional por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP).
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El evento, que se llevará a cabo en Santa Marta a las 6:30 p. m., será presidido por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, quien ofrecerá disculpas públicas en nombre del Estado. La ceremonia forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”, notificada el 30 de enero de 2023. En ella, el Tribunal internacional declaró responsable al Estado colombiano por un patrón sistemático de persecución y exterminio que dejó más de 6.000 víctimas desde 1984.
“Este acto reafirma el compromiso institucional con la verdad, la reparación integral de las víctimas y la consolidación de las garantías de no repetición, pilares esenciales de un Estado que asume con responsabilidad sus deberes en materia de derechos humanos”, afirmó César Palomino Cortés, director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
El acto contará con la presencia de víctimas, sus representantes, delegados de organismos internacionales y altas autoridades del Estado.
Será concebido como una medida de reparación simbólica orientada a la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas, en cumplimiento de una de las 19 disposiciones dictadas por la Corte IDH.
Medidas de reparación y memoria
La sentencia del Tribunal interamericano ordenó al Estado colombiano implementar medidas de difusión, memoria, justicia, salud, protección e indemnización. Algunas ya han sido cumplidas, mientras que otras se encuentran en proceso de concertación con las víctimas y sus organizaciones.
Entre los hechos documentados por la Corte se encuentran desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, atentados, estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas y desplazamientos forzados. El fallo también reconoció la vulneración del derecho a la verdad de la sociedad colombiana, debido al ocultamiento y la falta de investigación sobre lo ocurrido.
/Presidencia
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