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lunes, octubre 13, 2025
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Colombia refuerza su compromiso ambiental con nueva norma para la gestión responsable de baterías usadas en el país

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 0799 de 2025, mediante la cual se reglamentan los Sistemas de Recolección y Gestión de Baterías Usadas Plomo-Ácido (BUPA). Esta nueva regulación busca prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud pública frente a los riesgos derivados del manejo inadecuado de estos residuos peligrosos.

Lea también: Meta comprometido con la recolección de residuos posconsumo: Más de 12 toneladas recolectadas en la primera jornada del 2025

Las baterías plomo-ácido, ampliamente utilizadas en automóviles y motocicletas, contienen plomo y ácido sulfúrico, sustancias altamente tóxicas que pueden generar daños irreversibles en el ambiente y en la salud humana si no se gestionan adecuadamente al final de su vida útil.

La resolución, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y que deroga la Resolución 0372 de 2009, establece obligaciones específicas para productores, comercializadores, usuarios y gestores, además de fortalecer las facultades de las autoridades ambientales en el seguimiento y control de este tipo de residuos peligrosos.

“Esta Resolución representa un hito en la gestión de residuos peligrosos en Colombia. Con ella consolidamos una visión de economía circular, fortalecemos la trazabilidad de las baterías usadas y defendemos la salud de las comunidades vulnerables frente a la contaminación por plomo”, afirmó la ministra (E) de Ambiente, Irene Vélez Torres.

Para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la norma constituye un avance significativo en la modernización del marco regulatorio ambiental en materia de residuos posconsumo, promueve la economía circular, fomenta la responsabilidad extendida del productor y protege los recursos naturales renovables, así como a las comunidades expuestas a la contaminación por plomo.

Beneficios ambientales y sociales de la norma:
• Prevención de la contaminación de suelos, fuentes hídricas y aire por disposición inadecuada de plomo y ácido sulfúrico.
• Reducción de daños a la salud, especialmente en comunidades expuestas a procesos informales de fundición de plomo.
• Fortalecimiento de la economía circular mediante el reciclaje responsable de residuos con plomo y otros materiales útiles.
• Incentivos para la recolección de BUPA en municipios de categorías 4, 5 y 6.
• Formalización del manejo de BUPA, combatiendo prácticas informales en la cadena de reciclaje.
• Mayor trazabilidad del residuo a través de certificados de gestión emitidos por gestores licenciados.
Principales obligaciones establecidas:
• Productores (fabricantes e importadores de más de 300 baterías al año): implementar sistemas de recolección individuales o colectivos, disponer de centros de acopio adecuados, desarrollar campañas de información al consumidor y cumplir con indicadores mínimos de gestión (90% para baterías de vehículos y 60% para motocicletas).
• Comercializadores: recibir sin costo las baterías usadas, apoyar la logística inversa y realizar acciones informativas en sus puntos de venta.
• Usuarios o consumidores: entregar las baterías exclusivamente a canales autorizados, evitando manipulaciones peligrosas o entrega a terceros no autorizados.
• Gestores: contar con licencia ambiental y emitir certificados de gestión bajo los parámetros establecidos.
Transparencia y seguimiento
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) será la encargada de evaluar, aprobar y hacer seguimiento a los sistemas de recolección y gestión implementados por los productores.
A su vez, las autoridades ambientales urbanas y regionales intensificarán el control en establecimientos como servitecas, centros de diagnóstico, talleres, estaciones de servicio, almacenes de cadena y grandes superficies donde se realicen cambios de baterías plomo-ácido.
La Resolución 0799 de 2025 representa un paso firme hacia el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos, aprobada en 2022, consolidando el liderazgo de Colombia en la gestión responsable de residuos y la protección del ambiente.

/MinAmbiente

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