A menos de 30 horas del vencimiento del plazo límite para garantizar una solución real al riesgo de desabastecimiento de gas en los Llanos, las autoridades locales, las empresas distribuidoras y la comunidad expresan su alarma por la ausencia total de compromisos firmados que permitan asegurar la continuidad del servicio en la región productora de gas y petróleo del país.
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Puesto de Mando Unificado fue levantado
El Puesto de Mando Unificado (PMU), que completó siete sesiones de trabajo, fue levantado por decisión de los alcaldes y autoridades presentes, quienes calificaron como inaceptable la falta de avances. Señalaron que Ecopetrol, aunque productor, no ofreció garantías reales y que el Gobierno nacional no aseguró la firma de un contrato que permita blindar el suministro. La alcaldesa de Trinidad, Damaris Abril, reiteró que las familias casanareñas no pueden seguir pagando las consecuencias de decisiones aplazadas y promesas sin sustento.
La senadora Sonia Bernal expresó su profunda preocupación por la falta de decisiones del nivel central, recordando que desde octubre ha advertido que “no es posible que la región que sostiene la energía del país viva con miedo constante al desabastecimiento; Casanare y Meta merecen seguridad energética real, no discursos”.
La senadora insistió en que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar contratos firmados y soluciones permanentes, no medidas improvisadas ni transfiriendo culpas entre entidades. Aseguró que seguirá acompañando a las comunidades, “he sido clara durante semanas: si el contrato no está firmado, no hay garantía. Los territorios no pueden seguir atrapados en un vacío institucional que pone en riesgo la vida diaria de miles de familias”.
Alerta de ENERCA
La gerente de ENERCA, Nubia Stella Castro, alertó que más de diez mil familias usuarias de ENERCA en Trinidad, Paz de Ariporo, Orocué, San Luis y sectores rurales de Yopal están en riesgo inminente de quedarse sin servicio. A esto se suman 818 familias atendidas por PRENCO que podrían perder el suministro desde el 1 de diciembre.
Castro recordó que tanto Casanare como Meta siempre han manifestado su disposición para atender al gremio de taxistas, quienes hoy enfrentan precios desproporcionados por contratos impuestos sin equidad para una región que aporta más del 60% de la producción nacional de gas.
La situación se agrava si se compara el costo del gas en el país. Mientras en Cundinamarca el precio ronda los $2.600, en el Meta llega a $3.700 y en Aguazul supera los $4.400, una inequidad inadmisible en la región que produce el 57% del crudo y una parte esencial del gas nacional. Para el gremio transportador, esta disparidad ya es insostenible. Carlos Lozano, presidente del Sindicato de Taxistas de Villavicencio, advirtió que, de no haber una respuesta inmediata del Gobierno nacional, podría presentarse un paro que afectaría a todo el territorio.
En explicaciones en la rueda de prensa después del levantamiento del PMU, uno de los voceros de los gremios citados, dijo que el Ministerio de Minas señala a Ecopetrol, Ecopetrol responsabiliza a las comercializadoras y estas trasladan la responsabilidad a las distribuidoras. Esta cadena de excusas expone a una región entera a la incertidumbre. No basta con que Ecopetrol exprese su voluntad; lo que exige la región hoy es un contrato firmado que garantice la disponibilidad de la molécula. Sin ese documento, no existe seguridad energética para los Llanos Orientales.
/Prensa Senadora Sonia Bernal
