Con fenómenos climáticos cada vez más devastadores, como la tormenta tropical Rafael en Colombia y la reciente DANA en Europa, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) alerta sobre la urgente necesidad de preparar a las nuevas generaciones en prevención y resiliencia ante desastres. El CCS hace un llamado a consolidar en niños y jóvenes una cultura de adaptación ante los crecientes desafíos climáticos que enfrenta el país.
Por ello, el CCS insta a organizaciones, comunidades, padres de familia y docentes para que, de manera colaborativa, incorporen en la conciencia de las nuevas generaciones una cultura de prevención de desastres. “Educar para la resiliencia no es solo preparar a los niños para que sepan qué hacer ante una emergencia, es formar a la fuerza laboral y a los líderes del mañana. Los conocimientos adquiridos hoy en gestión del riesgo marcarán la diferencia en la respuesta a las crisis futuras y en la capacidad de la sociedad para superar los desafíos del cambio climático”, afirma Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS.
Colombia es uno de los países más vulnerables de la región a fenómenos naturales como inundaciones, deslizamientos y sequías, entre otros, exacerbados, además, por el calentamiento global. Según un análisis del Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), con base en el consolidado de emergencias de la UNGRD, en 2023 se reportaron 5151 emergencias, un 13 % más que en 2022. Los incendios forestales representaron el 52,5 % de estos eventos, seguidos por movimientos en masa (11,8 %) y vendavales (9,6 %).
De acuerdo con las autoridades, en lo corrido de 2024, las emergencias han dejado un saldo de 198 personas fallecidas y 1019 heridas, siendo los departamentos más impactados Cundinamarca, Huila y Antioquia. A su vez, entre los grupos poblacionales más afectados por estos eventos están los niños en edad escolar.
El impacto de los desastres en la infancia es profundo. Según un informe de Unicef, 9 de cada 10 niños en América Latina y el Caribe están expuestos a, al menos, dos crisis climáticas y ambientales y, particularmente en Colombia, el Índice de Riesgo Climático de la Infancia (IRCI) posiciona al país en el puesto 62, con una calificación de 5,4 lo que indica que la niñez presenta una vulnerabilidad media-alta. La exposición a enfermedades transmisibles, la contaminación del aire y la falta de acceso a agua potable son consecuencias de los desastres que impactan el desarrollo físico y emocional de los niños.
Entre las principales enfermedades que afectan a la población infantil en estas situaciones se encuentran el dengue, la malaria y el zika, que aumentan su incidencia tras emergencias relacionadas con inundaciones o cambios en el clima.
Adicionalmente, el CCS resalta la importancia de la atención psicosocial para los niños y jóvenes que han vivido situaciones de emergencia. La ansiedad, el miedo y el estrés postraumático son consecuencias comunes en quienes han atravesado estas experiencias. Según la organización, brindar apoyo psicológico a tiempo no solo ayuda a la recuperación emocional de los niños, sino que fortalece su capacidad de adaptación y respuesta ante futuras crisis. Al respecto, expertos aseguran que una infancia que recibe apoyo emocional es una infancia resiliente, capaz de superar los desafíos y crecer con una mentalidad de prevención y cuidado.
A lo anterior se suma que los desastres producto de fenómenos naturales afectan gravemente la infraestructura escolar, interrumpiendo la educación de los niños durante largos períodos. Para la muestra, en los últimos diez años, más de 2700 instituciones educativas en Colombia han sido afectadas por emergencias y, solo en 2023, 346 escuelas registraron daños que alteraron el ciclo académico de miles de niños.
“Las cifras muestran una realidad preocupante: el impacto de los eventos climáticos extremos no solo implica pérdidas materiales, sino también interrupciones del desarrollo y bienestar de la infancia. Los niños y niñas, especialmente aquellos que viven en zonas rurales o comunidades vulnerables, están expuestos a riesgos como desplazamientos, lesiones y enfermedades, que se agravan en condiciones de insalubridad tras un desastre” afirma Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS y miembro de la junta global de la Alianza del Sector Privado para las Sociedades Resilientes a los Desastres (ARISE), al mencionar que el cambio climático ha incrementado la frecuencia de estos eventos, afectando la estabilidad emocional y el rendimiento académico de los estudiantes, quienes ven cambios abruptos en sus rutinas y su proceso de aprendizaje.
Ante estas cifras, el Consejo Colombiano de Seguridad insiste en la importancia de adoptar medidas para construir y rehabilitar escuelas que sean resilientes a los desastres. En ese sentido, la infraestructura escolar debe estar preparada para soportar el impacto de fenómenos naturales y los docentes deben contar con herramientas para orientar a los estudiantes en situaciones de riesgo, como lo son los protocolos de emergencia. Además, “es indispensable que en las instituciones de educación se les enseñe a los estudiantes a identificar los riesgos a su alrededor y actuar de manera temprana para protegerse a sí mismos y a sus comunidades. Las escuelas, colegios y universidades no solo deben ser espacios seguros, sino también centros de aprendizaje en resiliencia”, explica Solano.
Frente a estos retos, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) insta a ver a los niños y jóvenes como agentes de cambio dentro de sus comunidades. Esto implica que la educación para la resiliencia no solo se enfoque en la protección, sino en empoderar a las nuevas generaciones para que lideren procesos de prevención y respuesta en sus entornos. “Son la fuerza laboral y los líderes del mañana que, con una cultura de prevención interiorizada, podrán guiar a las organizaciones en la creación de planes efectivos de prevención, preparación y respuesta ante desastres. Por eso, es esencial desarrollar competencias desde la infancia para identificar los riesgos a su alrededor y proponer soluciones, a través de un trabajo conjunto entre academia, empresas, Estado y sociedad civil”, concluye la presidenta del CCS-
/Consejo Colombiano de Seguridad
