Las constructoras Conconcreto y Coninsa Ramón H., dos de las tres firmas que integran el consorcio que construye el proyecto Hidroituango, radicaron una acción de tutela en la que la demandada es la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República. La acción tutela fue admitida este martes por el Juzgado 17 de Familia de Oralidad de Bogotá.
En esta se pide la “suspensión inmediata y temporal” del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría hasta que la aseguradora Mapfre “concluya el ajuste y pago de las sumas que viene pagando a título de indemnización derivada de la cobertura ya reconocida por ella bajo la póliza Todo Riesgo Construcción” de Hidroituango.
Con esto se pretende, añade la tutela, poder establecer, una vez realizados los pagos, si existe un saldo insoluto de daño fiscal que deba ser reparado.
En primera instancia, conocida en septiembre, la Contraloría emitió fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones, a título de culpa grave, contra 26 funcionarios y contratistas como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango, incluidas Conconcreto y Coninsa Ramón H.
Aunque se esperaba la segunda instancia antes de que finalizara el año, el pasado 20 de octubre el ente de control determinó suspender el proceso de responsabilidad fiscal, en el marco de una recusación que presentó la exsecretaria de Planeación de Antioquia María Eugenia Ramos Villa, contra el contralor Carlos Felipe Córdoba; la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello; los integrantes de la Sala Fiscal y Sancionatoria del ente de control fiscal y la contralora delegada de Investigaciones Especiales.
La recusación contra el contralor debe ser resuelta por la Procuraduría General de la Nación. Una vez ocurra ese trámite, la Contraloría debe resolver las demás recusaciones.
