Por: Franklin Meneses Sáchica
En los últimos años, en Colombia se ha manifestado la necesidad de establecer políticas públicas que lleven al conocimiento total por parte de los ciudadanos sobre temas de interés general en asuntos ambientales. El cambio climático, la deforestación, los avances frente al urbanismo, la industrialización, el daño ecológico y la contaminación ya son una constante desde los ámbitos académicos hasta el espacio rural y agrario.
Uno de los documentos más importantes es el Acuerdo de Escazú. Su nombre completo es el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”.
Este acuerdo consiste en un tratado internacional que tiene como objetivo fortalecer los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región de América Latina y el Caribe.
El acuerdo fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). En Colombia fue aprobado con una votación de 119 votos a favor y a 63 días de haber iniciado el Gobierno del actual Presidente, Gustavo Petro.
Este acuerdo es considerado por muchos expertos como un importante instrumento para promover la democracia ambiental y la protección del medioambiente en la región, ya que busca asegurar que las personas y las comunidades tengan acceso a la información sobre asuntos ambientales, puedan participar en la toma de decisiones relacionadas con este tema y tengan acceso a mecanismos de justicia en caso de que se violen sus derechos ambientales.
El Acuerdo de Escazú reconoce la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y busca fomentar la transparencia de los procesos gubernamentales relacionados con el medioambiente. También establece medidas para proteger a las personas y grupos que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, ya que a menudo enfrentan riesgos y represalias.
Nuestro Estado Colombiano es un país conocido por su rica biodiversidad y su diversidad de ecosistemas, lo cuál implica el enfrentar una serie de desafíos ambientales, desde la deforestación hasta la contaminación de cuerpos de agua. La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en Colombia representa un paso adelante en la protección de estos recursos y en la garantía de que los ciudadanos tengan voz en las decisiones que afectan su entorno.
El Significado del Acuerdo de Escazú para el Departamento del Meta y la Región de la Orinoquía
La región de la Orinoquía, de la cual el Departamento del Meta es parte integral, alberga una rica variedad de ecosistemas, como sabanas, humedales y selvas. Estos ecosistemas desempeñan un papel crucial en la regulación del ciclo del agua, la conservación de la biodiversidad y el sustento de comunidades locales que dependen de los recursos naturales para su subsistencia.
El Acuerdo de Escazú adquiere una importancia especial en esta región por varias razones:
– Participación de Comunidades Indígenas y Locales: La Orinoquía alberga numerosas comunidades indígenas y locales con una profunda conexión cultural y espiritual con la tierra. El acuerdo garantiza su derecho a participar en decisiones que afectan su entorno, lo que es esencial para preservar sus tradiciones y modos de vida.
– Desarrollo Sostenible: La región enfrenta tensiones entre el desarrollo económico, como la explotación de recursos naturales, la agricultura, y la conservación ambiental. El Acuerdo de Escazú proporciona un marco para equilibrar estas necesidades y garantizar que el desarrollo sea sostenible y respete los derechos de las comunidades y el medioambiente.
– Prevención de Conflictos Socioambientales: En una región donde la explotación petrolera, la ganadería y otros proyectos pueden generar tensiones entre diferentes actores, el acceso a la información y la participación pública puede prevenir conflictos socioambientales al fomentar la transparencia y la comunicación.
– Protección de la Biodiversidad: La Orinoquía es hogar de una rica biodiversidad que debe ser preservada. El Acuerdo respalda la adopción de decisiones informadas y sustentadas en datos científicos, promoviendo así la conservación de especies y hábitats únicos.
– Gestión de Recursos Hídricos: Dada la importancia de los ríos y humedales en la región, el acceso a la información sobre la calidad del agua y la gestión de recursos hídricos es crucial para garantizar la salud de los ecosistemas acuáticos y la seguridad de las comunidades que dependen de ellos.
Por último, cabe destacar que el Departamento del Meta se ha convertido en el pilar y motor de la Orinoquia Colombiana por sus procesos de desarrollo, más allá de que ciudades como Villavicencio su capital siempre ha sido considerada la “Puerta al Llano” por su ubicación estratégica en el piedemonte. La migración e interés de parte de varias comunidades de diferentes regiones aportan a la industria y al urbanismo, pero deben tener en cuenta que, en su avance, es importante cuidar y preservar algunos lugares que pueden resultar afectados como: las reservas forestales, las fuentes hídricas, las rondas de caño, así como los humedales, entre otros.
El Meta está enfrentando una crisis bastante delicada con la Vía al Llano que lo conecta con Bogotá. Algunos expertos consideran que la deforestación y las mega-construcciones para soportar puentes, túneles y vías, generan un impacto no solo en la montaña sino también en la naturaleza. Por eso, es importante revisar las normas de cuidado y protección del medioambiente para aprender a convivir con todas las especies en el entorno que nos rodea, pensando en el futuro de la humanidad.
