Tras 16 años de lucha por recuperar su tierra en San Carlos de Guaroa, Meta, y buscar justicia por la desaparición forzada de uno de sus integrantes, miembros de cuatro generaciones de la familia Cruz Castro recibieron, por parte de autoridades locales y nacionales, un homenaje público a la memoria de su ser querido: el reconocimiento como víctimas del conflicto armado y la entrega material del predio que les había sido despojado.
En medio de un emotivo acto de reconocimiento y homenaje por la desaparición forzada de José Antonio Cruz Castro, ocurrida el 16 de julio de 2002, el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio; la Unidad de Restitución de Tierras; la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas; la Alcaldía de San Carlos de Guaroa y la Fuerza Pública, llevaron a cabo la diligencia de entrega material del predio Santa Lucía, en la vereda Giramena de ese municipio, departamento de Meta.
Ante integrantes de cuatro generaciones de la familia Cruz Castro, varios de cuyos miembros también padecieron los hostigamientos y las calumnias que, sumados a la desaparición de José Antonio, originaron el despojo del inmueble al que hoy la Ley 1448 revierte, los representantes de las autoridades civiles, judiciales y policivas hicieron presencia en el lugar para rendir homenaje público a este hogar víctima del conflicto armado y, tras su reconocimiento como legítimos dueños, hacer efectiva la restitución del terreno de aproximadamente 212 hectáreas.
“Esta familia luchó por 16 años para recuperar su tierra y hoy, gracias a la Ley 1448, después de todo lo que sufrieron por parte de grupos paramilitares de la época, se reconoce que son víctimas de la violencia y que, en efecto, el predio Santa Lucía les fue despojado de manera arbitraria e indebida. Por la violencia que sufrieron y la negligencia que se cometió, estamos acá pidiendo perdón y reivindicando sus derechos”, afirmó Luis Carlos Ortega, juez que presidió la jornada.
La sentencia por la que se cumple la entrega del predio Santa Lucía a los Cruz Castro, incluye como orden especial la activación, ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía, de la búsqueda de José Antonio, para que de inmediato estos organismos procedan a emprender los esfuerzos necesarios que determinen su paradero, esclarezcan su muerte o brinden verdad sobre el caso a sus parientes.
“Recibir la tierra por la que mis padres tanto trabajaron y el reconocimiento para mi hermano desaparecido, es un gran paso y una muestra de que las víctimas del conflicto sí podemos lograr justicia en este país. Aunque sufrimos muchos atropellos y vulneraciones, siempre tuvimos la frente en alto y ahora, nuevamente, ponemos los pies en la tierra que por derecho nos pertenece”, declaró Olga, hermana de José Antonio y una de las más activas reclamantes de justicia en este caso.
Una vez devuelto el predio a la familia restituida inicia el cumplimiento de la serie de órdenes emitidas en el fallo, entre las que se cuenta la implementación de un proyecto productivo, el mejoramiento de la vía de acceso principal, las garantías de retorno, seguridad y goce efectivo de derechos.
“Restablecer la propiedad legítima de la tierra a familias enteras que sufrieron el conflicto armado, representa un orgullo en la labor que cumplimos desde la Unidad de Restitución de Tierras”, expresó sobre el caso Diana Herrera, directora de la URT en Meta.
/Unidad de Restitución de Tierras
