El Gobierno Nacional se encuentra en un proceso de ajuste de precios de los combustibles líquidos en el país con el propósito de reducir el efecto negativo en las finanzas públicas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual alcanzó un déficit de $37 billones de pesos en 2022.
En general, el gasto público que se asigna al pago de menores precios de los combustibles fósiles en el mercado doméstico se distribuye en mayor medida a los hogares con mayores ingresos del país y, por tanto, es inequitativo.
La reducción del subsidio generalizado y regresivo contribuye a organizar mejor el gasto social que es prioridad en el Plan de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, recientemente aprobado. Adicionalmente, los subsidios a los combustibles desincentivan la transición energética y la diversificación de la economía.
En el marco de este proceso, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía y el grupo Ecopetrol, realizarán mesas técnicas conjuntas para evaluar diferentes alternativas. Con esto se busca contribuir, de manera fiscalmente responsable, a la gradualidad del proceso de la mano de una estrategia transparente en el manejo de precios de los subsidios de los combustibles y el costo de oportunidad de proveer el mercado nacional.
Además, la revisión en el ajuste programado de los precios busca identificar con mejor detalle a que grupos de consumidores se puede focalizar algún tipo de subsidio específico. Así entonces, las propuestas que emerjan de la mesa estarán enfocadas en atenuar los efectos en la población de los percentiles de menores ingresos.
Actualmente, se analizan diferentes alternativas para mitigar el impacto del FEPC en las finanzas públicas: i) el establecimiento de mecanismos de estabilización diferenciales, ii) mayores controles a los combustibles distribuidos con beneficios económicos y tributarios en zonas de frontera, y iii) revisiones regulatorias que en el marco de la discusión con todos los actores de la política de combustibles permitan identificar eficiencias en el sector.
Las conclusiones de las mesas serán objeto de discusión en Consejos de Gobierno y socializadas para identificar las mejores alternativas, siempre en el marco de la sostenibilidad fiscal.
Cabe recordar que el principal beneficiario de las utilidades del Grupo Ecopetrol es la Nación, a través de los dividendos que recibe de este grupo empresarial. Este ingreso es fundamental para el financiamiento de la política social y la inversión del presupuesto nacional. Por tanto, la reducción del déficit del FEPC es una prioridad del Gobierno nacional, para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como también para asegurar la competitividad y sostenibilidad financiera del Grupo Ecopetrol.
De esta manera, el Gobierno del Cambio le apuesta a lograr un gasto público más equitativo y progresivo que a su vez promueva la transición energética y reduzca el impacto ambiental de los combustibles fósiles.
/Presidencia de la República
