El Gobierno Nacional y los alcaldes de las ciudades capitales del país acordaron, este lunes, una estrategia unificada para combatir el delito callejero y el crimen organizado en los centros urbanos y ciudades capitales del país.
“Hemos acordado una sola estrategia, entendiendo las características que tiene el comportamiento del delito en cada ciudad”, señaló el Portavoz del Gobierno Nacional y Ministro del Interior, Alfonso Prada, al terminó de un Consejo de Seguridad que se adelantó en la Casa de Nariño.
La ruta a seguir considera una campaña de desarme, encabezada por el Presidente de la República y los alcaldes, mediante una estrategia conjunta que contemple la posibilidad de hacer ofertas de pago por las armas.
El Portavoz del Gobierno indicó que también se plantearon mecanismos para el crecimiento del pie de fuerza en las ciudades, el aumento de las actividades de interdicción y el equilibrio de responsabilidades en el tratamiento penitenciario entre el Gobierno Nacional, los departamentos y las alcaldías.
Lo mismo que una sanción especial a la recurrencia y los agravantes de los delitos que pongan en riesgo a los colombianos. Es decir, que al Congreso se va a llevar iniciativas para que quienes incurran en ese tipo de crímenes tengan un tratamiento penal y procedimental especial.
“La meta es reducir significativamente las extorsiones, el hurto y el atraco callejero. Nos referimos a ese delito que está afectando a las personas que se movilizan en el MIO, en TransCaribe, en TransMilenio (sistemas de transporte masivo que funcionan en Cali, Barranquilla y Bogotá), a quienes están en la calle y les están quitando el celular, a esos delitos, particularmente, que afectan la cotidianidad”, añadió Prada.
Al respecto, enfatizó que “una es la característica del delito en ciudades portuarias, como Cartagena, como Barranquilla o como Cali, por su proximidad al puerto de Buenaventura y al Pacífico en general, y otra el comportamiento del delito en ciudades como Medellín y Bogotá”.
De la misma manera se discutieron alternativas que incluyan una detención relativamente corta, pero eficaz que envíe un mensaje contundente de combate al delito y que los delincuentes entiendan que delinquir tiene consecuencias jurídicas, expresó el vocero del Gobierno.
Proyectos de ley
En ese sentido, el Ministro Prada anunció que se van a complementar varias iniciativas que se han presentado al Congreso, tanto por las bancadas y los partidos que representan a Bogotá, para contar con un procedimiento penal expedito para tratar delitos con penas cortas y facilitar la construcción de cárceles con estándares sencillos, facilidades de financiación y de construcción que incorporen todo el proyecto de humanización de la justicia restaurativa.
Un segundo proyecto de ley que va a ser estudiado por el Congreso en el curso de esta estrategia, presentado por la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) –que reúne a todos los alcaldes de las capitales de departamento–, plantea un mecanismo de financiación para tener la posibilidad de construir centros de atención ciudadana como casas de justicia o Unidades de Atención Inmediata (URI).
La norma propuesta establece que en la ejecución de estos proyectos se dividan responsabilidades para su financiación y puesta en marcha entre el Gobierno Nacional, las administraciones departamentales y las alcaldías, de acuerdo con el número de años de condena para delitos menores, intermedios y altos.
En el marco de esta estrategia, agregó Prada, las iniciativas propuestas contarán con unidad de criterio ante el Congreso de la República para ser tramitadas sin ningún tipo de contradicción con el proyecto de ley que radicó esta mañana el Gobierno Nacional de humanización de la pena.
“Esas expresiones delincuenciales diversas nos hace también tener estrategias diversas para combatir el delito, pero en todo caso unificadas con las autoridades locales”.
El Consejo de Seguridad fue presidido por el Presidente Gustavo Petro y contó con la participaron los alcaldes de Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena y Bogotá, los altos mandos militares y de Policía, entre otros funcionarios del Gobierno Nacional.
/Presidencia de la República
