El Gobierno nacional condenó un grave caso de maltrato contra una adolescente indígena Emberá en Risaralda e impulsa medidas conjuntas con autoridades tradicionales para erradicar prácticas nocivas y garantizar los derechos de mujeres y niñas en comunidades étnicas.
Un nuevo caso de violencia intrafamiliar conmocionó al país tras conocerse que una menor de 17 años, perteneciente al pueblo emberá, fue víctima de castigos físicos en el resguardo Gitó Dokabú, en Pueblo Rico (Risaralda).
Según las autoridades, varias adolescentes habrían sido atadas y golpeadas por adultos de la comunidad, en un acto que, según el Gobierno, “trasciende el enfoque diferencial étnico y debe ser erradicado en cualquier contexto”.
Aunque el Ejecutivo reafirmó su respeto por la autonomía de los pueblos indígenas y sus sistemas de justicia propios, hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre jurisdicciones para evitar que prácticas culturales vulneren los derechos fundamentales.
En ese marco, el Ministerio de Justicia radicó un proyecto de ley que busca reglamentar los mecanismos de articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el sistema judicial ordinario, promoviendo el respeto al pluralismo jurídico y la protección efectiva de mujeres y menores.
Por su parte, el Ministerio del Interior avanza en acciones concretas para atender a la menor afectada, acompañar a las autoridades indígenas en la investigación del caso y fortalecer políticas públicas de protección.
A través de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, se impulsan procesos de formación en derechos, rutas de atención para casos de violencia de género y medidas orientadas a transformar prácticas que atentan contra la dignidad y la integridad de las mujeres en comunidades ancestrales.
