La Reforma Tributaria para Colombia es un aspecto sin duda indispensable, pero que vale la pena analizar al detalle, pues esta refinanciación se ha vuelto una constante en cada gobierno, lo que nos lleva a pensar en que el Estado colombiano está mal proyectado en términos financieros y sobre todo en que es necesaria una reforma estructural, pues más allá de necesitar tener más ingresos, se debe pensar en disminuir el gasto, por ejemplo, reducir el número de ministerios en vez de aumentarlos.
De acuerdo a lo anterior, lo ideal habría sido una Reforma Tributaria llevando a la par un plan de reducción de la estructura del Estado, pero la realidad es que como se desarrollará esta Reforma tendrá unas implicaciones para las empresas, las cuales vamos a analizar a continuación a grosso modo:
Aunque la propuesta inicial de Reforma Tributaria hablaba de más de $50 billones, la intervención de gremios como FENALCO y el Consejo Gremial Nacional, influyó en que se consideraran algunas de las medidas proyectadas, y hoy se habla de un recaudo con esta modificación de una cifra cercana a $20 billones.
El impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados tiene una implicación directa en la región, pues estamos en un departamento agrícola y pecuario, donde parte de la escasa transformación industrial va enfocada a la elaboración de productos afectados con este impuesto. Además, más allá de la implicación que tendrá para el sector empresarial, se debe analizar el peso que tiene esta medida para los sectores de menores recursos, pues ahora gran parte de los alimentos que conforman la canasta básica alimenticia serán más costosos, disminuyendo la posibilidad de comprar más productos, lo que claramente también tendrá un impacto negativo en las tiendas de barrio, grandes dinamizadoras del comercio a nivel país. Este tipo de alimentos tendrán un gravamen del 10% que se elevará a 20% en los próximos dos años, es decir, a todos los hogares nos costará 20% más llenar nuestra nevera (al menos con estos productos).
Seguirá subiendo la gasolina, lo cual afectará seguramente a empresas de transporte urbano y a particulares, influyendo potencialmente sectores como el turismo, que ante la eliminación de beneficios tributarios también tenderían a ser más costosos, afectando su competitividad. Como se había anunciado, no habrá más Día sin IVA, lo cual se había convertido en una herramienta importante para dinamizar sectores como tecnología, confecciones y calzado, entre otros, pero en general fue una estrategia muy efectiva para incrementar el comercio y donde la contratación de personal era indispensable.
Sin embargo, una de las implicaciones más fuertes que podría tener la reforma para nuestra región, es principalmente lo que corresponde al sector hidrocarburos, al representar casi la mitad del PIB del Meta y generar casi el 10% del empleo local. La Reforma Tributaria crea una sobretasa al impuesto de renta del sector petrolero, con tasas entre el 5% y el 15% en función de los precios internacionales, elevando la tarifa general del sector en hasta 46,8%. La Reforma también establece que no se pueden deducir las regalías del impuesto de renta.
Por otra parte, el Centro de Investigación Económica y Social – Fedesarrollo – indica que se reducirá la producción anual del petróleo en promedio en 82 mil barriles diarios, hasta llegar en 2023 a una caída de 109 mil barriles/día. Esta medida podría reducir en gran medida los más de 18 mil empleos que genera el sector en el Meta, afectando además los más de $1,5 billones que deja para el departamento el sector en compras de bienes y servicios, y regalías por $1,3 billones. De esta forma, el Meta verá reducida su producción (PIB) en un promedio de entre 9,6% y 13,7% en los próximos ocho años. Debemos pensar ¿Con qué vamos a remplazar este ingreso y los empleos perdidos?
Por otro lado, la Reforma indica que actividades exentas de renta serán gravables en adelante, como lo son las de “Economía Naranja”, Vivienda de Interés Social (VIS), plantaciones forestales, incentivos a la productividad para la industria agropecuaria, entre otras. La implicación en la región está en la cantidad de empresas relacionadas con economía naranja, además de quitar el estímulo a la construcción de VIS, sector muy importante en jalonar el empleo y la dinámica económica. También se establecen actividades que no estaban sujetas a impuesto de renta, y que ahora se incluirán, como por ejemplo la venta de acciones, negociación de derivados financieros, dividendos y rendimientos de bonos, entre otras.
Para las grandes empresas aumenta el impuesto al patrimonio (patrimonios mayores a $3.000 millones), aunque se debe tener en cuenta que el 96% de las empresas registradas en el Meta y Llanos Orientales son micro y pequeña empresa, este efecto se puede dar en las empresas que más generan contratación en la región. De igual forma, el impuesto a los dividendos tendrá una tarifa de hasta 19%, y el impuesto a las ganancias ocasionales se incrementan hasta el 15%. Se crea un impuesto del 20% para las ventas de las empresas en zonas francas que hagan al exterior, lo cual podría desestimular las exportaciones, y del 35% para las ventas al territorio colombiano, medida enfocada a evitar que las empresas utilicen esta figura como herramienta para tener beneficios tributarios y no como plataforma para promover las exportaciones.
No todo es malo: mediante la Reforma se crean medidas mucho más fuertes para los evasores de impuestos, lo que se espera ayude a disminuir los niveles de evasión y elusión. Se aprobó el impuesto mínimo global para limitar el uso excesivo de beneficios tributarios, lo que apunta a hacer más justa la estructura de tributación, pero también acaba con la continuidad de programas efectivos como el de obras por impuestos. La tarifa de Régimen Simple se reducirá para ciertas actividades y montos de ingresos, lo cual seguramente llevará a una mayor formalidad empresarial.
Por último, se debe dar un debate sobre el destino de estos recursos, pues ya genera polémica la medida de entregar recursos a los “gestores de paz”, lo que pone en duda si realmente el estado necesita recaudar esta cantidad de dinero o si se está buscando el otorgamiento de subvenciones que al final no generan desarrollo sino dependencia del Estado y del gobierno de turno.
Por: Jorge Andrés Arango Campos, director Ejecutivo, Fenalco Meta y Llanos Orientales.
