La Jurisdicción Especial para la Paz emitió un duro comunicado en el que le da órdenes al Gobierno y al alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, para mejorar las condiciones de seguridad de los excombatientes de las Farc firmantes del Acuerdo de Paz.
“Tras verificar la inexistencia de una estrategia institucional para prevenir la violencia de los grupos delincuenciales, que están afectando la reincorporación de los firmantes del Acuerdo Final”, la JEP le ordenó a Restrepo activar las competencias de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y adoptar el plan de acción para combatir y desmantelar dichas organizaciones armadas ilegales.
Así mismo, la Jurisdicción le solicitó a la Procuraduría General de la Nación “iniciar las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar”, una indagación que podría tocar a varios funcionarios del gobierno de Iván Duque, en caso de que el ministerio público encuentre los elementos necesarios para abrir un proceso.
Restrepo, por su parte, ha argumentado en reiteradas ocasiones que el Gobierno ha hecho lo que está en sus manos para proteger a los excombatientes. Según él, las autoridades colombianas han logrado la neutralización de 173 cabecillas de los grupos armados y la desmovilización de al menos 1.700 personas desde 2018.
