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lunes, marzo 16, 2026
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Piedemonte despega: avanzando hacia la construcción de vivienda y el desarrollo urbano de Villavicencio

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La Empresa Industrial y Comercial del Estado Piedemonte, encargada de impulsar proyectos de vivienda y desarrollo urbano en Villavicencio, enfrentó uno de los momentos más complejos de su historia reciente al inicio de la actual administración municipal. Así lo asegura su gerente, Alonso Garay, quien describe un panorama institucional marcado por proyectos inconclusos, dificultades financieras, embargos y múltiples procesos jurídicos pendientes.

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Frente a ese escenario, el gobierno del alcalde Alexander Baquero asumió el reto de recuperar y sacar adelante la entidad, apostándole a un proceso de reorganización institucional y confiando plenamente en la gestión desarrollada por Garay al frente de Piedemonte.

A poco más de dos años de gestión, el directivo afirma que la empresa ha logrado estabilizar varios proyectos de vivienda, recuperar activos estratégicos y redefinir su papel dentro del desarrollo urbano de la capital del Meta.

Una empresa en crisis administrativa y financiera 

Según Garay, la administración actual recibió una empresa profundamente afectada por problemas administrativos acumulados durante años. “Encontramos una empresa desorganizada, prácticamente descuartizada en su estructura administrativa y con proyectos urbanísticos que venían fracasando desde administraciones anteriores”, explica.

En materia financiera, la situación también era crítica. Piedemonte tenía recursos mínimos disponibles y una capacidad operativa limitada. “Encontramos una empresa prácticamente ilíquida. Cuando iniciamos, apenas logramos recaudar cerca de $600 millones. Financieramente era inviable”, afirma.

A este panorama se sumaban embargos sobre bienes y cuentas de la entidad, incluyendo el edificio institucional y cerca de 40 hectáreas de terreno, además de recursos en efectivo congelados por procesos jurídicos que llevaban más de una década.

Proyectos heredados con múltiples dificultades 

Uno de los principales retos de la actual administración ha sido resolver la compleja situación de varios proyectos de vivienda heredados.

LA VICTORIA: reorganización de beneficiarios. El proyecto La Victoria, con 180 beneficiarios, presentaba inconsistencias documentales y falta de cierre financiero.
De acuerdo con Garay, se encontraron expedientes incompletos y beneficiarios que no habían aportado los recursos requeridos para acceder a la vivienda. “Había 80 beneficiarios con problemas: algunos no tenían carpeta y otros tenían resolución pero no recursos para completar el cierre financiero”, señala. Tras un proceso jurídico que tomó cerca de un año, la entidad logró excluir a quienes no cumplían los requisitos e incorporar nuevos beneficiarios, permitiendo avanzar en el proyecto. “La meta es culminar la obra durante el presente año”, indicó el gerente.

COROCORAS: proceso jurídico en curso
En el proyecto Corocoras, adjudicado en administraciones anteriores, el contratista nunca demostró capacidad financiera, terminando en un conflicto jurídico que hoy se encuentra en conciliación ante la Cámara de Comercio. “Estamos a la espera de recuperar el lote y resolver el litigio para poder reactivar el proyecto”, indica el gerente.

SANTA ANA: uno de los casos más críticos
Para Garay, el caso más complejo ha sido Santa Ana, donde un contratista habría vendido lotes sin contar con permisos, ni licencias. Según la información recopilada por la empresa, cerca de 96 familias le habrían entregado recursos al contratista por aproximadamente $10.000 millones. Piedemonte interpuso denuncias penales y el proceso se encuentra actualmente en manos de los entes de control. A pesar de esta situación, la entidad decidió asumir el liderazgo del proyecto para finalizarlo. La meta es que antes de diciembre de 2026 se logre un avance cercano al 60% en urbanismo, incluyendo vías, acueducto, alcantarillado y zonas comunes.

 

Recuperación de activos y reorganización institucional 

Uno de los logros más destacados de la administración, según Garay, fue el desembargo de terrenos y activos estratégicos.

Después de un proceso jurídico prolongado, en 2025 se logró liberar:
– Cerca de 40 hectáreas de terreno.
– El edificio institucional
– Más de 50 lotes adicionales
– Recursos financieros congelados

Esto abre la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos urbanísticos mediante planes parciales y alianzas con el sector privado.

En paralelo, la empresa inició un proceso de reorganización administrativa. Piedemonte cuenta actualmente con 16 funcionarios y un pequeño grupo de contratistas de apoyo.

La estrategia ha sido fortalecer el recaudo de cartera y operar con recursos propios, algo que según el gerente no había ocurrido anteriormente, cuando la entidad dependía principalmente de convenios con la Alcaldía.

Nuevos proyectos y convenios interadministrativos 

Gracias a la recuperación institucional, Piedemonte ha retomado su participación en proyectos urbanos estratégicos para la ciudad. Entre los más importantes se encuentran convenios interadministrativos con el municipio que suman $52.000 millones, destinados a:

– Construcción de la calle 35
– Renovación urbana en la comuna 2
– Mejoramiento de escenarios deportivos
– Intervención de infraestructura educativa

Además, la entidad ha iniciado alianzas con el sector privado para la gestión de proyectos urbanísticos y compensaciones relacionadas con vivienda de interés social.

Proyección: vivienda, lotes con servicios y mejoramientos 

Mirando hacia el futuro, Piedemonte plantea una estrategia que combine vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y modelos alternativos de acceso a vivienda.

Esta hoja de ruta responde al direccionamiento estratégico definido por el alcalde Alexander Baquero, quien ha reiterado el compromiso de su administración con la ampliación de oportunidades de vivienda para los habitantes de Villavicencio y ha orientado a la empresa a convertirse nuevamente en un actor clave del desarrollo urbano de la ciudad.

Desde la administración municipal se ha planteado fortalecer programas que permitan atender distintos niveles socioeconómicos y generar soluciones habitacionales viables frente al aumento de los costos de la vivienda en el país. Bajo esa directriz, Piedemonte avanza en un modelo que combine vivienda nueva, urbanización de lotes y mejoramientos, con el objetivo de ampliar el acceso a vivienda digna.

El plan contempla tres líneas principales:

1. LOTES CON SERVICIOS

Se proyecta desarrollar lotes urbanizados, con vías y redes básicas, que permitan a las familias adquirir su terreno y construir progresivamente mediante procesos de autoconstrucción. Este modelo busca ofrecer una alternativa más accesible para quienes hoy no pueden asumir el costo de una vivienda completa.

2. VIVIENDA NUEVA

La entidad proyecta construir viviendas nuevas en el sector San Antonio, dirigidas a familias que cuentan con capacidad de crédito y que buscan acceder a soluciones habitacionales formales dentro del desarrollo urbano de la ciudad.

3. MEJORAMIENTOS URBANOS Y RURALES

También se espera ejecutar mejoramientos de vivienda urbanos y rurales, enfocados en población vulnerable, con el propósito de mejorar condiciones habitacionales y calidad de vida.

Estas iniciativas hacen parte de la apuesta del gobierno municipal por fortalecer el papel de Piedemonte como una herramienta estratégica para el desarrollo urbano y la política de vivienda en Villavicencio.

Otro de los procesos más significativos que adelanta Piedemonte es la liquidación definitiva de la antigua Caja de Ahorro Popular Cavivir, una entidad que llevaba más de dos décadas en estado de liquidación sin que se concretara su cierre administrativo. Creada hace 64 años y declarada en liquidación desde 2001, Cavivir permaneció durante cerca de 25 años en un limbo institucional, pese a que existían actos administrativos que facultaban a los alcaldes para culminar el proceso.

Hoy, bajo el liderazgo del alcalde Alexander Baquero y la gestión de Piedemonte, se tomó la decisión de avanzar de manera definitiva en su liquidación, un proceso complejo pero fundamental para la ciudad. La meta es que en menos de un año se complete el cierre, lo que permitirá escriturar cerca de 500 predios en más de 20 barrios, entre ellos Sesquicentenario, Darién, Chapinerito, El Estero, Villa Lorena y Santana.

Con ello, familias que durante más de 20 años han habitado sus viviendas sin títulos formales podrán finalmente acceder a sus escrituras, regularizar su situación predial y fortalecer el ordenamiento urbano del municipio. Además, el proceso permitirá entregar al municipio predios dotacionales como parques, colegios y espacios públicos que actualmente figuran a nombre de Cavivir, consolidando así un paso clave para la organización territorial y jurídica de Villavicencio.

Por último, es necesario invertir en la modernización institucional 

Garay reconoce que uno de los objetivos finales es dejar una empresa fortalecida para las próximas administraciones. Entre las acciones previstas se encuentran:
– Modernización de instalaciones
– Renovación del mobiliario institucional
– Adquisición de vehículos para supervisión de obras
– Mejoras tecnológicas y eléctricas del edificio

“Queremos entregar en 2027 una empresa organizada, con recursos, con activos recuperados y con capacidad de seguir desarrollando ciudad, de tal manera que las futuras administraciones encuentren una entidad fortalecida, con equipos, herramientas y recursos económicos, una situación totalmente diferente a la que nos tocó asumir a nosotros”, concluye.

El reto, asegura el gerente, será mantener la estabilidad financiera y continuar avanzando en proyectos que permitan ampliar el acceso a vivienda en Villavicencio, en un contexto nacional donde el aumento de los costos de construcción y de la vivienda, ha dificultado el acceso para muchas familias.

“En razón a que, el costo de las viviendas se establece teniendo como base el salario mínimo, con el más reciente aumento una Vivienda de Interés Prioritario – 90 salarios- y una Vivienda de Interés Social -135 salarios- hoy están alrededor de $158 millones y $236 millones respectivamente, haciendo casi imposible el acceso para la población vulnerable”, así lo indicó el gerente.

/Llanoalmundo Ed.95

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