La Política de Infancia y Adolescencia de Villavicencio fue aprobada por el Concejo Municipal, consolidándose como la hoja de ruta 2025–2035 para garantizar los derechos y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Con esta decisión, la administración cumple al 100 % la meta 196 del Plan de Desarrollo Villavo Somos Todos. Esta Política de Infancia y Adolescencia de Villavicencio iniciará su implementación en 2026.
Lea tambien Graduación de bachilleres en Villavicencio 2025: más de 8.600 estudiantes recibirán su título
El proceso de construcción inició en febrero y se desarrolló bajo un enfoque participativo que convocó a 585 actores sociales. Padres, cuidadores, docentes, líderes comunitarios, autoridades indígenas, representantes afrocolombianos, instituciones públicas, academia y, por supuesto, niños, niñas y adolescentes aportaron sus ideas mediante talleres lúdicos, el Encuentro Municipal por el Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia, encuestas, ferias de servicios y 32 mesas técnicas.
Antes de su aprobación, la política fue validada por el Consejo de Gobierno, la Mesa MIAF y el COMPOS. Un punto clave fue el acompañamiento permanente de la Mesa Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes, que participó activamente en cada etapa del proceso.
“La Política Pública de Infancia y Adolescencia 2025-2035 es el resultado de un trabajo participativo e interinstitucional que recoge las voces de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es una hoja de ruta que muestra nuestro compromiso con su bienestar, su protección y sus oportunidades en Villavicencio”, afirmó Diana Mendoza, secretaria de Gestión Social, Participación Ciudadana e Inclusión.
La nueva política se articula con el Código de Infancia y Adolescencia y con la Ley 2328 de 2023, que establece la Política Pública de Estado para el Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia. A partir de 2026, su implementación y seguimiento estarán a cargo de la Secretaría de Gestión Social mediante la Dirección de Grupos de Especial Protección y el Programa de Infancia y Adolescencia, en coordinación con los garantes de derechos.






