En relación con la resolución ejecutiva 282 del 25 de octubre de 2018, emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual prorrogan por cuatro meses más la intervención del Hospital Departamental de Villavicencio, la administración de la Gobernadora Marcela Amaya ha fijado posiciones claras frente a la determinación, sus implicaciones, y otros factores que la rodean.
Como siempre, el Gobierno ante las decisiones de la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, es respetuoso y acoge el término de cuatro meses dispuesto, que establece como fecha de terminación de la intervención el 25 de febrero de 2019 o antes, si la Superintendencia lo estima conveniente.
Sin embargo, llama la atención a toda la comunidad y al Gobierno Nacional en el sentido que es injusto que tanto en los informes de rendición de cuentas del hospital, como en los considerandos de la resolución 282 de 2018, se omita el gran esfuerzo realizado por el Gobierno departamental con el compromiso de importantes recursos para el Hospital Departamental de Villavicencio, según la siguiente relación:
| Vigencia | Fuente de Financiación | Valor | Fecha de giro | Concepto / Destino |
| 2017 | Recursos propios | $4.000.000.000 | 26/07/2017 | Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero |
| 2017 | Desahorro FONPET | $6.963.289.981 | 08/11/2017 | Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero |
| 2017 | Recursos propios | $500.000.000 | 22/12/2017 | Infraestructura hospitalaria (Convenio 1578/2017) |
| 2018 | Recursos propios | $6.018.355.009 | 23/03/2018 | Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero |
| 2016-2018 | Recursos propios | $31.999.368.600 | Equipos biomédicos para Unidad de Cáncer y otros servicios, entregados durante esta administración | |
| 2019 | Recursos propios | $6.018.355.009 | Compromiso para giro en 2019 | Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero |
En resumen, son más de 22.000 millones de pesos aportados para el pago de pasivos del hospital, generados antes de la llegada de este Gobierno, y más de 32.000 millones de pesos en fortalecimiento institucional tanto en equipos, que permiten una mejor atención y mayor facturación de servicios, especialmente en el servicio de cancerología con el acelerador lineal para radioterapia, como en infraestructura hospitalaria para la seguridad de los pacientes, con el aporte de 500 millones de pesos para financiar el proyecto de construcción de la rampa para movilización de pacientes dentro del centro asistencial.
Se entiende así que, sin demeritar la labor del Agente Interventor y su equipo de trabajo durante estos tres años de intervención, es obvio que la recuperación financiera del hospital sería imposible sin este valioso recurso aportado por la administración de la gobernadora Marcela Amaya.
De otra parte, es inaceptable para el Gobierno departamental, que se afirme por personas mal intencionadas, que la prórroga de la intervención protege al hospital de caer en manos de quienes lo llevaron a la intervención, puesto que los hechos que condujeron a la misma, así como la toma por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, fueron anteriores al inicio del actual Gobierno.
El Gobierno departamental se encuentra preparado y estima que la región cuenta con personal competente para la administración del principal centro asistencial en condiciones de calidad, sostenibilidad y seguridad.
No obstante, deja constancia que antes de que termine la intervención, se ha acordado con el Superintendente Nacional de Salud tener una radiografía clara y objetiva del estado de la entidad, a fin de evitar posteriores señalamientos, tanto para el organismo de inspección, vigilancia y control, como para el Gobierno departamental.
/Gobernación del Meta.
