Al cumplirse cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, el Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos, reveló parte de la información obtenida en el proyecto de seguimiento a la implementación de los los Puntos 1 y 4.1, sobre la Reforma Rural Integral y Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS), proceso que adelanta junto a Cordepaz y el Programa Territorios de Oportunidad.
Falta de conocimiento de los acuerdos, prevalencia de conflictos por la presencia de comunidades en áreas de interés ambiental y lentitud en la implementación de los mismos, son parte de la realidad de estos acuerdos, según el proyecto denominado “Observación Participativa de Paz, Políticas Agrarias y Ambientales – Macarena Guaviare”.
Jonathan Hernández Moreno, investigador en Políticas Públicas del Observatorio, resaltó que “Uno de los principales aspectos identificado es el desconocimiento de los acuerdos por parte de la población general de estas zonas, por lo que los presidentes de las juntas de acción comunal consideran, es importante realizar pedagogía con las comunidades. En estas zonas son las organizaciones, tradicionales y conocidas por sus luchas, quienes han apropiado este conocimiento”.
Agregó que durante estas primeras etapas del seguimiento y con el apoyo de las comunidades, han detectado que, si bien el impacto humanitario del conflicto armado ha disminuido, sus dinámicas se han transformado y ahora son varios los grupos al margen de la ley quienes se disputan el control del territorio, lo que también ha conducido al riesgo permanente hacia los líderes sociales, defensores de derechos humanos y la población en proceso de reincorporación.
A esto se suma la inconformidad de las más de 16.900 familias que se dedicaban a los cultivos ilícitos y se vincularon al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), quienes, pese a haber cumplido con la erradicación, han sufrido con los retrasos en la implementación de este programa y han tenido dificultades para acceder a los proyectos productivos.
Así mismo, destacó que se han encontrado aspectos positivos, como el incremento de la inversión en estos territorios, nuevas oportunidades económicas como el turismo, que ha incrementado en algunos municipios gracias a la disminución del conflicto, la oportunidad de las comunidades de participar en la priorización de sus necesidades, y la atención que se presta a los conflictos históricos de esta región.
El proyecto cuenta con la participación de 50 organizaciones de los municipios de La Macarena, Puerto Rico y Vista Hermosa en el Meta; San José del Guaviare, Calamar, Miraflores y El Retorno, en el Guaviare, los cuales hacen parte del componente participativo de la iniciativa y con quienes la Universidad, a través del Observatorio del Territorio, realiza un fortalecimiento de capacidades para la incidencia.
