El acueducto y alcantarillado es un servicio público domiciliario, el cual es inherente a la finalidad social del Estado y están establecidos en Ley 142 de 1994 y en los artículos del 365 al 370 de la Constitución Nacional, y su ejecución estaría determinada en el plan de ordenamiento territorial, aunado a la acción que debe realizar el alcalde para gestionar los recursos mejorando el servicio, y con ello, tener en obras un plan B (fuente alterna de captación) en caso de emergencias, como en las temporadas de lluvias o de sequía.
En el caso de Villavicencio, con tanto afluente hídrico, hay pocas obras para mejorar este servicio público domiciliario, y son permanentes los cortes del agua, viéndose los usuarios en la obligación de comprar agua en botellones, bolsas y hasta en carrotanques para elaborar sus alimentos, lavar la ropa, y el aseo personal. Con una preocupación mayor y es no tener certeza de la calidad de agua potable que se consume.
Hasta el día de hoy todos los alcaldes han quedado en deuda con los habitantes, por la falta de promoción, prevención, acción y ejecución, de obras para el mejoramiento del servicio, aunado a los dudosos manejos que se han generado a lo largo de los años en la EAAV, siendo de conocimiento para todos que esta empresa del municipio es una mina de oro, dado que tiene los mejores sueldos y es la que genera más puestos burocráticos a contratistas que no responden a las necesidades del servicio. ¡No más promesas, es hora que se garantice un servicio óptimo y contínuo!.
