Cientos de migrantes siguen llegando día a día a Necoclí (Antioquia), donde hay miles represados ante la poca capacidad para transportarlos.
Enfrentarse a un mes de espera en la frontera colombo-panameña gastándose el dinero que les queda para llegar a EE.UU. o darse la vuelta y volver al inicio, a países donde su futuro no está garantizado. Esa es la decisión a la que se enfrentan los migrantes haitianos en Necoclí (Antioquia).
“Aquí la cosa está muy difícil, nadie nos ayuda”, “los colombianos nos piden mucho dinero”, “están haciendo plata con nosotros”…
Estas frases son una constante en la playa de Necoclí, donde hay más de 17.000 personas, la mayoría haitianos, que acampan en carpas de plástico, con lonas para reforzarlas de las fuertes lluvias y ahorrarse los 10 dólares que cobran algunos vecinos por prestarles un cuarto para compartir con otros migrantes.
Las dos empresas que los llevan en lanchas seguras al otro lado del golfo del Urabá, a Acandí (Chocó), donde comienzan su ruta por la peligrosa selva del Darién, ya tienen los boletos vendidos hasta finales de octubre.
Esto supone que a quien llegue ahora -y siguen llegando unos 700 e incluso 1.200 migrantes diarios- le tocará quedarse casi un mes pagando alojamiento y comida en un pueblo colapsado, donde no hay agua potable gratuita, ni baños públicos y la basura se acumula en las esquinas.
Los haitianos hablan de una madre que dio a luz en Ecuador, durante la travesía del sur al norte de Suramérica, y que duerme en una carpa con el bebé llorando cuando empieza la tormenta en medio de la noche, y los resfriados que se acumulan por no tener ropa seca.
Las lanchas pueden transportar al día -de forma legal- a 500 personas, las establecidas entre los gobiernos de Colombia y Panamá a principios de agosto para tener “un flujo controlado”, en una frontera donde hay de todo menos control.
“Si te entran 1.200 personas diarias y estás pudiendo desalojar 500 diarias, ¿qué genera eso? Primero que estén comenzando a aparecer las rutas ilegales, personas que salen en otro tipo de transporte que no es adecuado”, asegura la Defensoría del Pueblo.
“Esta manera de criminalizar la migración empuja al crimen, que es una alternativa”, destacó el portavoz en el Darién de Médicos Sin Fronteras (MSF), Owen Breuil. “Es totalmente estúpido; se quiere luchar contra el tráfico humano y el hecho de poner una cuota, lo está fomentando”, añadió.
