Después de 20 años de desplazamiento y tras recibir su casa lote de 202 metros cuadrados, con el acompañamiento de la Dirección Territorial Meta de Unidad de Restitución de Tierras, María del Rosario Rivas y su familia pasarán la mejor de las navidades en su predio restituido, ubicado en la vereda Altamira del municipio de Puerto López.
En cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, el acto de entrega material del inmueble a sus legítimos dueños estuvo a cargo del juez comisionado y los colaboradores de la Unidad. Además, contó con el acompañamiento de la Fuerza Pública.
“Estoy feliz de recibir mi predio porque después de tantos años, hoy nuevamente soy la dueña del lote por el que tanto he luchado. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los profesionales que hicieron esto posible”, expresó emocionada la señora Rivas, quien no pudo ocultar la alegría en su rostro.
En 1996 doña María y su esposo compraron este predio a la Junta de Acción Comunal de la vereda. Pero un año más tarde, fueron obligados desplazarse y abandonarlo, por cuenta de la presencia y presiones de los paramilitares conocidos como ‘Los Butragueños’ y ‘Los Carranceros’, del Bloque Centauros de las Autodefensas, quienes perpetraron toda clase de desmanes en la zona, como desapariciones forzadas y reclutamientos, entre otros.
Siete años después, en el año 2000, intentaron retornar a su propiedad, pero se encontraron con que el inmueble había sido vendido a otra persona. Entonces, la familia acudió a la Unidad de Restitución de Tierras para que les hiciera el respectivo acompañamiento y ejerciera su representación ante la justicia.
En el fallo, el Tribunal, además de ordenar la devolución del lote a la familia Rivas, declaró que el opositor no pudo probar la buena fe exenta de culpa, por considerar que antes de adquirir el predio debió indagar por las circunstancias del abandono de este, al tiempo que evidenció que no se trataba de una persona vulnerable, ni dependía del inmueble para garantizarle la subsistencia.
En la sentencia también se ordena a varias entidades del Estado el acompañamiento a esta familia, para que acceda a la reparación integral; lo que significa que también obtendrá beneficios, como subsidio de vivienda, asesoría técnica y condonación de deudas por concepto de impuesto predial, entre otros.
