La Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad clave en la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, ha alcanzado resultados históricos tras una reorganización de sus procesos administrativos y jurídicos. Este esfuerzo permitió que, para el 2024, el 73 % de las solicitudes de restitución fueran aprobadas, un cambio significativo frente al 65 % de peticiones que eran rechazadas en años anteriores.
Transformación en el proceso de restitución de tierras
Giovanni Yule, director de la URT, explicó que la alta tasa de rechazo había generado preocupación en el Ministerio Público, lo que motivó una revisión exhaustiva de los procedimientos internos. “Detectamos mecanismos que obstaculizaban el tránsito de las solicitudes, y por eso implementamos cambios para garantizar que se materialicen los derechos de las víctimas,” destacó Yule en una entrevista para el programa ‘Entrevistas con alma de país’, de la Presidencia de la República.
Como resultado de esta transformación, más de 70.000 hectáreas fueron restituidas en 2024 a comunidades afectadas, incluidas poblaciones indígenas y afrodescendientes. Este avance no solo refuerza el liderazgo del Gobierno en la protección de los derechos fundamentales, sino que también aborda el despojo histórico sufrido por estas comunidades.
Reorganización y beneficios para grupos étnicos
Yule también resaltó la importancia del Proyecto Étnico, una iniciativa orientada a acelerar los procesos de restitución para territorios colectivos. “Estamos logrando un equilibrio entre la ruta individual y colectiva, lo que beneficia a los grupos étnicos más afectados por el conflicto, como los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes,” afirmó.
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Acuerdos con despojadores: Un modelo innovador
Para avanzar aún más en la restitución, la URT ha implementado acuerdos con los despojadores, un enfoque que ha permitido resolver casos sin necesidad de sentencias judiciales. Un ejemplo notable se dio en Montes de María, donde cinco familias recuperaron sus tierras tras 24 años de haberlas perdido debido a la incursión paramilitar que desató la masacre de El Salado.
Gracias a la mediación de la URT y la colaboración de la Fundación Crecer en Paz del Grupo Argos, estas familias ahora disfrutan de sus predios y reciben apoyo para reconstruir su vida espiritual, social, cultural y económica. “Es un paso crucial para restituir plenamente sus derechos y garantizarles acceso a vivienda y proyectos productivos,” aseguró Yule.
Con estos avances, la Unidad de Restitución de Tierras reafirma su compromiso con la restitución de tierras a víctimas del conflicto armado, consolidando procesos más ágiles y efectivos que transforman vidas y promueven la justicia en el país.
/ Redacción Llanoalmundo
