El derecho a la libre movilidad esta contemplado en nuestra Carta Magna en el artículo 24 que reza: «Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia», pero durante los últimos cinco días a miles de habitantes de la Puerta al Llano, se les ha vulnerado.
Para los habitantes de Villavicencio se está volviendo paisaje ver a miles de personas trasladarse a pie, en bicicleta o pagando costosas tarifas a los taxistas, y es que, hay que tener en cuenta que los mayores usuarios del servicio de transporte público son personas de estratos 1,2 y 3, y que muchos de ellos, han tenido que posponer sus actividades, al no poder asumir los sobrecostos en el traslado, dejando de llevar los niños al colegio, asistir a citas médicas, e incluso, dejar de ir a trabajar.
De acuerdo con Jorge Andrés Arango Campos, director Ejecutivo de Fenalco Meta, en algunos sectores comerciales, se ven locales cerrados o con poco personal, lo cual indica una fuerte afectación económica para los empresarios y comerciantes, quienes han manifestado pérdidas de hasta un 40%, sin dejar de lado un sinnúmero de personas que trabajan por jornal y ante esta situación dejar de percibir «su diario».
Para dar solución a esta problemática, Alexander Baquero, Alcalde de Villavicencio, anunció a través de sus redes sociales que se habilitaron las empresas de Transporte de Servicio Especial, para prestar el servicio junto a algunos propietarios y empresas: «Es mi deber como Alcalde de la ciudad adoptar medidas administrativas y de policia de caracter transitorio que garanticen la prestación efectiva del transporte público colectivo en la ciudad a partir de mañana lunes 6 de mayo», expresó.
Por su parte, Rodolfo López, secretario de Movilidad de Villavicencio, indicó que: «sólo el 20% de habitantes de nuestra ciudad cuentan con un vehículo para movilizarse. Es decir que, más de 500.000 habitantes hoy ven afectada su movilidad, por esta razón el Alcalde convocó a los empresarios del Servicio de Transporte Especial, para garantizar a los villavicences que puedan desarrollar sus actividades con normalidad. Cerca de 300 vehículos cubrirán las diferentes rutas y además, la Policía Nacional y el Ejército, brindarán seguridad en los parqueaderos. La Alcaldía es garante de derechos, por esta razón se han realizado casi 20 mesas de diálogo, estableciendo espacios que permitan llegar a una solución entre propietarios y empresas».
En la otra cara de la moneda, se encuentran los propietarios de las busetas quienes son representados por Victor Moreno, quien manifiesta que desde el año 2015, con la creación de Unirutas el Sistema cambió, generando unas expectativas que no se cumplieron y que crearon responsabilidades económicas que hoy afectan a los propietarios: «Ante todo, yo quiero pedir excusas a los usuarios del servicio de transporte público, pero estamos ante una situación que ya nos es imposible sostener. Cuando aceptamos como propietarios de los vehículos ser parte de Unirutas las condiciones eran diferentes, aún era viable trabajar. Durante el mandato de Wilmar Barbosa, nosotros intentamos que se cambiaran las condiciones, lo cual fue imposible. Al llegar la pandemia en el 2020 y tener nuestros vehículos parados, los dueños de las empresas siguieron facturando y cobrando, aún con las dificultades que vivimos a nivel global nosotros acumulamos deudas con las empresas e incluso algunos propietarios llegaron a perder su capital. Actualmente, nosotros les pagamos cerca de $700.000 mensuales para poder trabajar, y ellos nos trasladan los costos administrativos, operativos y de seguros. Aún teniendo que asumir los costos de mantenimiento, Soat, Tecnomecánica y conductor, entre otros. En muchos casos cuando un propietario decide no continuar en este trabajo, les ofrecen valores ínfimos por lo que mal llamamos cupo, que fue el valor que pagamos para poder vincularnos a las empresas y que practicamente perdemos, pues nos ofrecen cifras irrisorias, pero a la vez, venden los mismos cupos a valores astronómicos, cuando sabemos que la administración jamás le cobro a las empresas por ellos –cupos-, perdiendo el valor invertido inicialmente y además sumándolo a la devaluación de los vehículos», expresó.
Felipe Harman durante su mandato expidió el Decreto 350 de 2023, en el que se firmó la sustitución del parque automotor del Transporte Público Colectivo (TPC) para adoptar un Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), el cuál según el Alcalde Baquero, nunca estuvo financiado, pero generó falsas expectativas. El Alcalde señaló que implementar un SETP está por el orden de los 4 billones de pesos y el presupuesto anual de Villavicencio es de apenas 1,1 billones, de los cuales, solo 200.000 millones son para inversión y el resto corresponde a gastos de funcionamiento. Por esta razón y de acuerdo con las primeras mesas de trabajo entre empresas, propietarios y administración se pidió plazo hasta el 5 de junio para presentar un nuevo decreto que permita establecer una ruta para mejorar el SETP, en Villavicencio y en el cual se está trabajando.
Hoy, Victor Moreno indicó lo que los propietarios de las busetas piden:
- Que se les dé libertad de empresas, para poder cambiarse, incluso que se habiliten nuevas empresas teniendo en cuenta que a la fecha ninguna cuenta con la legalidad para su operación.
- Que se disminuyan los cobros de rodamiento y administración por parte de las empresas.
- Que se implemente Tecnología.
- Paraderos dignos, con espacios sociales y baños.
- Contratación para los conductores directamente por parte de las empresas.
- Que se respete la tabla de precios de los vehículos establecida en el Decreto 350 de 2023.
Para finalizar Moreno indicó que no sabe que pasará mañana, pero los propietarios siguen en paro.
/Llanoalmundo
