El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, es otra de las entidades de atención a la primera infancia y a población vulnerable en las cuales se han detectado presuntos hechos de corrupción que tendrían origen durante gobiernos anteriores, tal y como lo hizo saber recientemente la directora de la entidad, Astrid Cáceres.
La funcionaria advirtió que esa información se obtuvo mediante dos auditorías. Cáceres reveló que, durante los últimos diez años, “la manera de contratar en la atención a la primera infancia ha terminado favoreciendo a grupos y a conglomerados, incluso de familias o de clanes, en las que se han pasado el contrato unos a otros con diferentes figuras».
En un trabajo realizado entre la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el ICBF, se evidenciaron diferentes irregularidades en los contratos, tales como registros de personal en nóminas reportadas al Instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores; proyectos que se debían ejecutar en un lapso específico y lo realizaban en uno menor para evitar el pago a proveedores y cobrar más de lo correspondiente.
“Que el ICBF deje de tener operadores que se roban la plata de los niños», pidió el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, durante el Congreso Nacional de Municipios que tuvo lugar la semana pasada en Cartagena. Desde allí, el mandatario abogó por que se empiece a ofrecer en forma directa la atención integral a la primera infancia.
En ese sentido, el ICBF viene avanzando en la contratación de madres comunitarias y otros operadores locales para completar la atención de 1.675.000 niños y niñas en el país durante este año.
A la fecha, 786 organizaciones de base comunitarias han sido escogidas para atender a las y los niños en Colombia. De ellas 67 pertenecen a grupos étnicos, tales como Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas y poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, minimizando la tercerización en la contratación estatal y fortaleciendo el sector público.
Hechos de corrupción detectados
Al menos 220 contratos de atención a la primera infancia en el ICBF estaban en manos de 59 operadores con el mismo representante legal, dirección de domicilio, característica en el formato de constitución, fecha de constitución y error en el objeto y alcance.
La directora del ICBF precisó que la entidad, atendiendo la instrucción del presidente, Gustavo Petro, inició desde el año pasado un proceso de auditorías para revisar el modelo de operación y contratación y el modelo financiero de atención a la primera infancia.
De acuerdo con la funcionaria, “estas auditorías tuvieron dos lugares, la auditoría corriente, de control interno, y la auditoría de la Secretaría de Transparencia (de Presidencia)». Y aclaró que esta última es una auditoría forense, que permite reconstruir cómo se armaron los modelos de negocio alrededor de la primera infancia.
“Encontramos contratos de operadores que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana». Además, organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez que han tenido relación directa con clanes políticos», reveló la directora general.
Un nuevo enfoque
El ICBF está fortaleciendo la atención integral a la primera infancia, a través de un nuevo modelo de contratación que promueve el mejoramiento de las condiciones de calidad, oportunidad y pertinencia bajo un enfoque territorial e intercultural.
“Nosotros consideramos, como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que romper esa cadena en que la primera infancia se volvió contratos, cupos, modelos financieros que van en contra de la mirada del sistema de cuidado de los niños y de las niñas, es nuestra principal tarea».
La directora explicó que se inició un proceso de cambio en el modelo de contratación, en el cual se hizo invitación pública, para que cada uno de los ciudadanos que estaba interesado pudiera participar. “Recibimos más de 2.800 observaciones, algunas de ellas muy ciertas, que nos permitieron evidenciar cosas que de otra manera no hubiéramos podido identificar», precisó Cáceres.
La funcionaria denunció también que unas 94 organizaciones tuvieron que replantearse a partir de esas observaciones y de ahí se establecieron denuncias frente a la Fiscalía por documentación falsa, experiencias que no existían y certificaciones falsas.
“El modelo se acabó. Un modelo de negocio que vivía de la atención a la primera infancia se termina», aseveró la directora, para que los recursos lleguen realmente a la niñez, y no se queden en los bolsillos de los contratistas.
/Presidencia de la República
