El alto tribunal destacó que la Asamblea del Valle había alertado al gobierno departamental y a la Policía sobre el riesgo que corrían los diputados. Pese a esto, no tomaron las medidas preventivas.
El Consejo de Estado condenó a la Nación por su omisión en el secuestro de Sigifredo López, único sobreviviente de los 12 diputados de la Asamblea del Valle secuestrados por las extintas Farc el 11 de abril del 2002. Esto debido a que, según señala el fallo, los funcionarios habían alertado de posibles amenazas en su contra, sin recibir acciones concretas por parte de las autoridades competentes.
“Los efectos patrimoniales que se derivan de esa lesión le resultan del todo imputables al Estado y, en especial a la Policía y al departamento del Valle del Cauca, porque conocían la situación de alto riesgo que (López) afrontaba no solo por ser un hecho notorio, sino porque fueron advertidas de forma directa, específica y diáfana y no desplegaron acción alguna”, apunta la sentencia.
Durante los primeros tres meses del 2002, la Gobernación y la Policía conocieron el riesgo que corrían los diputados del Valle, según detalla el fallo. De hecho, fue la misma Asamblea departamental la que informó a las autoridades sobre las amenazas, sin recibir medidas efectivas para prevenir lo que ocurrió en aquel abril hace 20 años.
Por ejemplo, el 13 de febrero de 2002, “los diputados solicitaron al jefe de seguridad de la Asamblea extremar las medidas de seguridad en el edificio donde se sesionaba”, de acuerdo con el fallo; sin embargo, “no hay prueba de que dicha solicitud hubiera sido atendida satisfactoriamente por parte del departamento del Valle del Cauca o por la Policía”.
Este es solo uno de los ejemplos que señala el Consejo de Estado en la sentencia en la que falló a favor del demandante Sigifredo López, en la que le reconocieron que este suceso no solo produjo daños morales a su vida –por la pérdida de oportunidad, tortura, perjuicios materiales y los gastos que no pudo pagar durante el secuestro–, sino a su salud mental.
Por otra parte, el alto tribunal destaca que la gran responsabilidad del hecho recae sobre las extintas Farc y señala que el Estado se limitó a defenderse argumentando, precisamente, que la ejecución del crimen la realizó la extinta guerrilla. Sin embargo, llaman la atención sobre que las autoridades en ningún momento “se dirigieron a alegar ni mucho menos a probar la satisfacción y cumplimiento de sus deberes de seguridad y protección estatal”.
