No es un secreto que la ciudadanía colombiana pide constantemente justicia y una lucha frontal contra la corrupción, ante la gran desazón por la desconfianza que sienten con el papel de los entes estatales, entre ellos, los de control, a los que suelen juzgar con dureza como es el caso de la Contraloría General de la República, especialmente las territoriales, las cuales solo tienen competencia e injerencia en su jurisdicción. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo funciona una contraloría? Aunque juzgamos mucho, a fondo, pocos conocen cómo funciona, de lo que representan sus hallazgos, y de los diferentes puntos en los que deben ejercer como ente protector de los recursos del Estado, es decir, del dinero público.
Teniendo en cuenta lo anterior, Llanoalmundo.com entrevistó a Juan Carlos Guasca Acosta, contralor Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo, el segundo al mando en la Contraloría Departamental del Meta, después de su Jefe inmediato, Jaime Londoño Flórez, contralor del Meta para el período 2022-2025. Y de esta manera, conocer más de cerca la labor de vigilancia de este ente que se enfrenta a grandes retos en nuestro departamento en pro de cumplir los objetivos para los que fue creado, entre ellos, su función de control fiscal, traducidos en procesos de auditoría, y atención de denuncias de veedurías y ciudadanía en general.
Guasca Acosta, quien es abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, y Especialista en Derecho Administrativo de esta misma universidad y en Gestión Pública de la Universidad UNAD, explicó que existe un plan de vigilancia anual sobre el cual la Contraloría del Meta hace sus procesos de control, en este 2022 se está adelantando el que dejó propuesto el anterior contralor del Meta, Carlos López López.
El abogado quien ha tenido su experiencia laboral en diferentes entidades públicas de Villavicencio, expresó que su propósito, al igual que el del Contralor del Meta, consiste en cambiar esa percepción e imagen que tienen de los entes de control como la Contraloría, juzgados de ser ineficientes y poco contundentes con sus hallazgos fiscales. El Plan Estratégico “Calidad y Excelencia en el Control Fiscal”, establecido por Londoño, consiste en trabajar arduamente en la entrega de resultados que conlleven a beneficios, de hecho en solo dos meses en el cargo ya existen beneficios por $100 millones aproximadamente.
Y de resultados, dice Guasca Acosta, puede hablar con propiedad, ya que su experiencia laboral le ha permitido demostrar su compromiso con la ciudadanía y el cuidado de los intereses comunes. Recuerda que cuando fue Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa de Villavicencio, se convirtió en el hombre que escudriñó en lo más profundo de los contratos del PAE de la Alcaldía de Villavicencio para el año 2021, encontrando la confirmación de la falsificación en un documento clave, por parte de uno de los postulantes, y que daba un puntaje importante y decisorio para la adjudicación de este programa alimentario en la Capital del Meta, lo que desencadenó la suspensión del proceso de elección del contratista, y la apertura de un proceso disciplinario contra algunos funcionarios de la Administración Municipal, que aún hoy están en curso.
Así, ejercer un control con carácter es parte de la experiencia de Guasca Acosta que ahora junto al Contralor Londoño cuentan con un radio de jurisdicción extenso y complejo. ¿Cuáles son las entidades vigiladas por la Contraloría Departamental del Meta? Para responder esta pregunta, es preciso decir que, son en total 130 entidades vigiladas, entre sujetos y puntos de control, 73 y 57 respectivamente, los cuales están bajo la competencia de este ente territorial en nuestro departamento. Entre éstas están: Gobernación del Meta y sus institutos descentralizados, Asamblea del Meta, empresas de servicio público, concejos municipales, personerías, entre otros, en los 28 municipios del Meta a excepción de Villavicencio que cuenta con su propia Contraloría Municipal.
Ahora, es importante conocer su marco de competencia y entender cómo es la actuación en las diferentes tareas que tiene como ente de control. ¿Cuáles son los procesos que lleva a cabo la Contraloría del Meta? Según Guasca Acosta existen dos tipos de caminos para ejercer el control fiscal. El primero tiene que ver con las auditorías que llevan a cabo en cada uno de los puntos y sujetos, teniendo en cuenta una hoja de ruta que se denomina Plan de Vigilancia Anual, el cual arranca con el desplazamiento de los funcionarios hasta sus instalaciones, y la emisión de un informe preliminar, el cual en caso de salir algún hallazgo o anomalía de tipo fiscal o administrativo relacionado con dineros públicos, y en aras de ser garantes de la defensa y el derecho de contradicción, éstos pueden hacer sus alegatos para subsanar dichos señalamientos. Los dineros que se recuperen o esclarezcan mediante este ejercicio, terminan siendo los llamados beneficios.
Luego de este paso, la Contraloría emite un informe definitivo, donde se acepta o no la subsanación, y ya dependiendo del tipo de hallazgos pasan a ser competencia de una Contraloría Auxiliar (una contraloría independiente) si recaen responsabilidades fiscales y administrativos (se resuelve con un plan de mejoramiento); a la Fiscalía si caben temas penales; y a la Procuraduría si el caso amerita sanciones disciplinarias.
El segundo camino es la atención de denuncias realizadas por las veedurías, y la ciudadanía en general, las cuales explica Guasca Acosta, es importante recomendarles a los denunciantes que tengan soportes que validen sus denuncias, y de esta manera no terminen archivadas por falta de indicios serios y comprobables que permitan la apertura de una investigación o auditoría por parte del ente de control.
Existen limitaciones en tema presupuestal, una situación que hace peso en el ágil desarrollo de las investigaciones y ejercicios de auditorías que deben llevar a cabo 64 funcionarios, en el caso de la Contraloría del Meta, el ente tiene claro que no puede quedarse en los limitantes tecnológicos, de logística u otros temas que hacen más largo el proceso de vigilancia. El objetivo ahora es poner la lupa y priorizar algunas quejas de la ciudadanía, entre ellas, temas relacionados con la Unidad de Gestión de Riesgo, servicios públicos, institutos descentralizados, y los centros vida de adulto mayor, todo de la mano de la ciudadanía, quien se convierte también en ojos vigilantes de los recursos, concluyó Guasca Acosta.
