Los senadores Mauricio Gómez Amín y Armando Benedetti fueron denunciados porque habrían llamado a la exministra Karen Abudinen para interceder en favor o en contra del contratista Centros Poblados. La Sala de Instrucción estudiará la denuncia.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ya estudia una denuncia que pide investigar a dos congresistas por su supuesto rol en el caso del billonario contrato del Ministerio de las TIC para llevar internet a escuelas de zonas rurales del país. El recurso, que aún no ha sido admitido, pide indagar un supuesto involucramiento de los senadores del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín y al de La U, Armando Benedetti.
La denuncia la presentó la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, que preside Henry Anaya. Y pide investigar a Mauricio Gómez Amín y Armando Benedetti por versiones que circulan a medios de comunicación según las cuales los dos, al parecer por separado, habrían llamado a la exministra TIC, Karen Abudinen para sugerirle qué acciones tomar ante el incumplimiento del contratista Centros Poblados.
La propia Abudinen dijo este lunes en Twitter que Benedetti la llamó. “Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato”, escribió la exministra. El congresista de La U negó haber llamado a la alta funcionaria, dijo no conocer a ninguna de las personas involucradas en el contrato y dijo que se trataba de una persecución en su contra.
El despacho del magistrado Misael Rodríguez Castellanos deberá determinar si admite o no la denuncia. De admitirla, podría llamar a versión voluntaria a Armando Benedetti o a Mauricio Gómez Amín y, si encuentra mérito, podría abrirles un proceso formal. Con esta denuncia, la Corte Suprema se suma a las pesquisas de la Fiscalía y la Procuraduría por determinar qué ocurrió con este contrato que pretendía llevar conectividad a la ruralidad y terminó en un enredo judicial.