La Unidad de Administración Pública Anticorrupción de la Fiscalía seccional de Antioquia asumió la investigación por constreñimiento contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a partir de las denuncias presentadas por una exfuncionaria de la alcaldía.
El caso, que se conoció el pasado 13 de enero, también involucra a otros funcionarios del despacho del Alcalde, entre estos a su secretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez.
La denuncia fue presentada por la exdirectora de la Unidad de la Niñez de la alcaldía de Medellín, María del Pilar Rodríguez, quien afirmó que ella y otros contratistas de la administración municipal fueron presionados a entregar dinero a una fundación llamada “El futuro se parece a nosotros”, la cual tiene como fin promover la llegada de Quintero a la Presidencia de Colombia.
La señora Rodríguez manifestó que ella y otros contratistas fueron citados “para que diéramos parte de nuestro salario para poder financiar la campaña de Daniel Quintero como independiente”.
Según el abogado de Rodríguez, Juan Giraldo, la mencionada reunión se realizó en agosto de 2021 y estuvo liderada por el secretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez, y otros funcionarios de la alcaldía que a nombre de Quintero habrían citado a varios contratistas para pedirles aportar recursos a la campaña del mandatario y sus aspiraciones políticas.
“Después de haber sido denunciados los hechos en Personería y Procuraduría y finalmente ante el despacho del Fiscal General de la Nación, este ordenó a los fiscales de Antioquia abocar el caso, que presenta un concurso heterogéneo de conductas típicas antijurídicas y dolosas”, que son de extrema gravedad y tienen fuertes sanciones por parte de las autoridades, explicó el abogado.
Recordó el caso de la excongresista Regina Betancourt, conocida como Regina 11, quien fue condenada a varios años de prisión y al impedimento de por vida para participar en política por haber forzado a varios de sus copartidarios a aportarle dinero de sus salarios.
El jurista precisó que en el caso de Medellín, la denunciante Rodríguez respaldó sus denuncias con audios y fotos, por lo cual la Fiscalía halló méritos para iniciar una investigación formal desde la Unidad Anticorrupción.
A las denuncias se sumó que la señora Rodríguez, por no acceder a esta petición ni aportar dinero, presuntamente fue objeto de una persecución por parte de la Alcaldía, lo cual le generó problemas de salud y emocionales, y finalmente fue obligada a renunciar a sus funciones.
En su cuenta de Twitter, días después de conocidas las denuncias, el secretario Ramírez se refirió al tema y lo calificó de “ataques ad honorem, chismes de pasillo y anuncios de investigaciones sin fundamentos reales”.
El abogado Giraldo aclaró que como presuntamente en esta caso se presentan varios delitos, estos serán investigados por varios despachos de la Fiscalía de Medellín.
