Además de las autoridades monetarias, los órganos de control del Estado y los gremios también son responsables del aumento que han tenido los precios de la canasta familiar de los colombianos.
Aunque el aumento del nivel de precios de los productos y servicios moderó su velocidad al alza en marzo pasado en 6 puntos básicos frente al mes de febrero, la inflación mantiene el comportamiento ascendente que acompaña a los colombianos desde hace 23 meses.
Si se compara la inflación de marzo de 2021, que era de 1.51 %, con la de marzo de 2023, equivalente al 13.34 %, se puede concluir que ha tenido un aumento de 883 % en el referido período de tiempo, lo que lanza una alerta a las autoridades económicas para detener el incremento del IPC.
La inflación no solo se ataca con el aumento de la tasa de intervención, como de forma sostenida lo viene haciendo la Junta Directiva del Banco de la República, sino con una política macroeconómica consistente en la que las instituciones del Estado colaboren armónicamente, dijo Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
“Llevamos doce meses continuos de aumento en la tasa de intervención sin que se haya logrado reducir la inflación y se ha producido el resultado exactamente contrario. El Estado debe asumir el reto de bajar la inflación con un adecuado control de la tasa de cambio, la tasa de usura, la tasa de intervención, los precios de los servicios públicos -especialmente los relacionados con la electricidad- y el trámite de las reformas estructurales acordes con la realidad fiscal del país”, explicó.
Para controlar la inflación se requiere superar la confianza ciega en el uso de la tasa de interés como única medida para combatirla, pues el abuso de esta medida está cerca de provocar un agudo choque de disminución de demanda agregada que podría afectar los sectores de vivienda, emprendimiento empresarial, alimentos, bebidas, restaurantes, turismo, arrendamientos, importaciones, entre otros, señaló.
Según el experto, “hay vientos de reducción del consumo per cápita. Si seguimos con esta descontrolada senda inflacionista sin que se den medidas que verdaderamente adopten un papel activo de libertad vigilada de precios por parte de los distintos órganos de inspección, vigilancia y control, no lograremos la meta de tener el pico más alto de crecimiento de la inflación a finales de mayo de 2023”.
Se debe cumplir el mandato constitucional, legal y jurisprudencial que obliga a mirar la economía desde la perspectiva de la estabilización económica, sin que por ello se descuiden los niveles de empleo, crecimiento y coherencia macroeconómica, que propenden por la armonización de las variables fiscales y monetarias necesarias para avanzar en la superación de los déficits fiscal y de balanza de pagos.
Falta protagonismo de entes de control y gremios
Amorocho indicó que es palpable la exigua actividad de los órganos de control del Estado para hacer frente a la inflación. “Las superintendencias Financiera, de Industria y Comercio y de Servicios Públicos, así como la Contraloría General de la República pasan sin pena ni gloria en esta coyuntura, en un contexto en el que los precios en muchos sectores parecen no ser asignados por las fuerzas del mercado ni por una objetiva contabilidad de costos, sino por lo que a cada sector se le ocurre”.
El Gobierno ha invitado a los gremios a concientizar a los empresarios para que ayuden a moderar la inflación de productos industriales y de servicios. Sin embargo, esto no servirá de mucho sino se atacan las razones de fondo, pues es necesario que las empresas se formalicen para que tengan contabilidad normal y de costos y no estén asignando al ojímetro y a la conveniencia de cada sector el aumento de precios en detrimento del bienestar de la población, anotó.
Efectiva gestión y ejecución de la inversión pública para bajar la inflación
El llamado al Gobierno y al Emisor es reducir la inflación con gerencia pública integral y a desactivar la desaceleración de la economía con una efectiva gestión y ejecución de la inversión pública, que permitan salir de los pronósticos de un crecimiento entre 0.8 % y 1.1 % del PIB para 2023.
“Colombia puede lograr un crecimiento entre 2.0 % y 2.5 % del PIB y una inflación entre el 8.5 % y el 9 % a diciembre de 2023, si logramos tener en cuenta que la administración de la hacienda pública, la economía, la política, la historia y la sociología están estrechamente relacionadas con el cumplimiento de los principios de reserva de ley, la eficiencia y eficacia de la administración de lo público y el bienestar general de la colectividad, bajo la égida del Estado Social de Derecho”, afirmó el académico.
Para alcanzar estos objetivos se requieren acuerdos entre Gobierno, Congreso y gremios en las reformas de ley de salud, pensiones y laboral. Además, la información que aporta la rama ejecutiva hasta ahora no es completa, ni definitiva. “Esta forma de presentar los proyectos e impulsar las negociaciones ha terminado por fomentar la incertidumbre, el nerviosismo financiero y la especulación en el mercado”, agregó Amorocho.
/Universidad del Rosario
