El nuevo Gobierno va a liquidar a la primera EPS durante su mandato. Se trata del Programa de Salud de Comfamiliar Huila, que estaba bajo una medida de vigilancia especial desde 2019.
La empresa tiene a cerca de 541.000 personas afiliadas en los departamentos de Boyacá y Huila. Entre otros líos que estaba presentando estaban las dificultades para agendar citas con especialistas y la falta de oportunidad para acceder a medicamentos.
Entre otros graves hallazgos, la Superintendencia de Salud detalló que las debilidades en la atención de mujeres embarazadas causaron un aumento en los casos de sífilis congénita y mortalidad perinatal –las muertes de fetos o niños desde las 28 semanas de gestación hasta los primeros siete días de nacidos–.
De acuerdo con un comunicado de prensa compartido por la Supersalud, se ordenó la toma de posesión de “los bienes, haberes y negocios, así como la intervención forzosa administrativa”.
“No podemos permitir que las administradoras de recursos no cumplan con su rol y pongan en riesgo al ciudadano y seguiremos tomando decisiones en los casos que identifiquemos vulneración a sus derechos”, dijo el superintendente de Salud, Ullahy Beltrán.
De acuerdo con las cifras manejadas por el ente de vigilancia, la EPS Comfamiliar Huila, el grueso de los pacientes asegurados pertenece al régimen subsidiado.
Así mismo, el número de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de esta EPS era uno de los más altos del régimen subsidiado, según dijo la Supersalud. Así mismo, recibió 749 acciones de tutela por atenciones de salud solo entre enero y mayo de este año.
“La EPS dificultaba el acceso a servicios de alto costo como quimioterapias y radioterapias para cáncer y les ponía barreras a los pacientes infectados por VIH o a aquellos que requerían reemplazos articulares”, concluyó el comunicado.
A su vez, tenía enormes deudas. Por ejemplo, a su red prestadora y proveedora de servicios le debía cerca de $389.040 millones, un monto que había aumentado 58 % respecto a 2018.
