De las 32 Empresas Prestadoras de Salud (EPS) que se encuentran habilitadas para operar en Colombia, hay 11 que tienen 6,7 millones de afiliados y que están intervenidas con la medida de vigilancia especial de la Superintendencia de Salud. Y Emssanar –que centra su operación fundamentalmente en el Valle– está bajo una toma de posesión.
“Cuando una EPS entra a vigilancia es porque tiene problemas serios”, explicó el exministro de Salud Jaime Arias. Esto se da porque están en líos financieros, no son capaces de garantizar el acceso a la salud de los pacientes o tienen problemas con sus redes de prestación de servicios.
Entre los hallazgos de la Supersalud hay falencias en la protección de mujeres embarazadas como en el caso de Savia Salud, Comfasucre y Ecoopsos; demoras en las citas con especialistas, tal cual asa con Asmet Salud y Dusakawi. E incluso, en casos como el de la EPS Convida, se han reportado problemas en la entrega de exámenes de laboratorio y medicamentos.
A raíz de esa vigilancia especial tienen que presentar un plan de mejoramiento y reportarle periódicamente cuáles son sus indicadores de desempeño a la Superintendencia de Salud. De no mejorar, podrían estar en riesgo de liquidación.
En teoría se trata de una medida temporal que generalmente dura entre seis meses y un año, pero muchas de estas empresas han recibido prorrogas por parte de la autoridad que las supervisa.
La vigilancia especial trae algunas restricciones que inciden en el margen de maniobra de las EPS. La ley, por ejemplo, establece que si están bajo esa medida no pueden afiliar a más pacientes, lo cual incide directamente en sus ingresos, pues reciben dinero por cada afiliado que tienen.
Desde la Supersalud han señalado que les impiden a las EPS afiliar más personas precisamente porque no están prestando los servicios de salud adecuados.
Paula Acosta, la directora ejecutiva de Acemi, que agremia a 10 EPS del país, dijo que podría considerarse una flexibilización de las medidas para las EPS que muestren un mejor desempeño después de que se encuentren bajo una medida de vigilancia especial.
“Por ejemplo, en la restricción de nuevos afiliados, podría pensarse en que las EPS puedan volver al menos al número de afiliados que tenían cuando iniciaron las medidas”, indicó Acosta.
El exministro Arias, por su parte, consideró que las EPS en Colombia están operando en una “estrechez” financiera que en ocasiones les impide tener un margen de maniobra más amplio.
“El único sector económico que no está regulado en medidas que permiten una reorganización empresarial, que permitan acogerse a una ley de quiebras, es el sector salud”, agregó Acosta. En esa medida, señaló que es importante darles más herramientas a las EPS para que la respuesta a los incumplimientos no sea únicamente la liquidación.
Si bien el número de EPS en vigilancia especial ha disminuido en los últimos años, esto se debe a que la Superintendencia de Salud viene implementando una estrategia de saneamiento del sistema que pasa por liquidar a las EPS que les incumplen a los pacientes ya los acreedores. De hecho, solo desde 2108 ha eliminado a 13 EPS del sistema.
“La tarea de la actual Supreindencia de Salud de cerrar unas EPS, algunas grandes, es muy buena. Eso no se había hecho nunca antes”, aseguró el exministro Arias.
Se trata, sin embargo, de una medida que despierta un fuerte debate en el sector de la salud, aunque muestre que la Supersalud está dispuesta a liquidar empresas que les incumplen sistemáticamente a los pacientes.
El cierre de una EPS es problemático para el sistema de salud. Por un lado, las difuntas EPS dejan deudas vivas que ponen en riesgo la operación de hospitales y clínicas a los cuales se quedan sin pagarles. Para citar un caso, en la red hospitalaria pública del Valle del Cauca preocupa que la EPS Emssanar –que fue objeto de una toma de posesión forzosa de la Supersalud a comienzos de febrero– termine liquidada, pues les debe más de $170.000 millones.
Y, de otro lado, también está el derecho a la salud de los pacientes, que en medio de los procesos de liquidación se encuentran con trabas para recibir una atención adecuada.
Recientemente, esta situación ameritó un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. “Hemos evidenciado un alto riesgo de vulneración al derecho fundamental a la salud ante la improvisación en la distribución de los afiliados de las EPS que han terminado liquidadas y cuyas receptoras no cuentan con la capacidad técnico administrativa, ni la suficiencia de red para prestar el servicio, lo que ha interrumpido tratamientos y dejado desatendidos pacientes, poniendo en riesgo sus vidas, salud y dignidad”, aseguró Carlos Camargo, el defensor del Pueblo
