Bogotá, 10 de junio de 2019.- Una Auditoría de Cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República al corredor vial Bogotá-Villavicencio, encontró que los continuos deslizamientos y cierres en puntos críticos no fueron incluidos en el nuevo Contrato de Asociación Público — Privada de Iniciativa Privada 005 de 2015, y por ende, en el marco de este contrato se continuará sin dar solución definitiva, manteniéndose la comunidad afectada, lo mismo que los usuarios del corredor.
La inclusión de situaciones que afectan la vía, se habría hecho siguiendo las políticas públicas dadas en los Conpes 2654 de 1993 y 3612 de 2009. Según el organismo de control, en la estructuración de la nueva concesión, se detectó que la atención de sitios críticos y/o inestables del corredor Bogotá -Villavicencio, factor limitante para la continuidad en la operación de la vía, por generar cierres por deslizamientos o inestabilidades, “se limita a limpieza de obras hidráulicas, sellado de fisuras y grietas, reparación de adoquín y señalización horizontal y vertical, excluyendo del alcance del concesionario la implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura especial”.
Tampoco está contemplada la medición para efecto de contar con indicadores de disponibilidad, seguridad, calidad y nivel de servicio, lo que sería contrario con el objeto contractual de la nueva concesión.
Considera el organismo de control que la problemática actual del corredor vial Bogotá-Villavicencio “es producto de la insuficiente estructuración y ejecución del proyecto para dar soluciones de fondo a los temas recurrentes de los puntos críticos e inestabilidades en la vía, siendo de ello responsable tanto las entidades del Estado como el concesionario que ha tenido a su cargo el corredor.”
Deficiencias en proceso de comparación de Iniciativa Pública vs Iniciativa Privada
Otro aspecto evaluado en la auditoria es relacionado con la selección de la iniciativa privada sobre la iniciativa pública que estaba adelantando la ANI con FONADE, la cual incluía en su estructuración el sector 1 (Bogotá – El Tablón) y el sector 3 (Chirajara- Villavicencio).
En ese tema, se identificaron deficiencias en el proceso de comparación realizado por la ANI, generando incertidumbre sobre si se escogió la mejor alternativa acorde con los intereses y las políticas públicas del Estado, toda vez que la Iniciativa Pública atendería el corredor en su totalidad para llevarlo a doble calzada, mientras que la Iniciativa Privada se limita al sector 3.
Doble calzada quedaría incompleta
Así mismo se establece en el Contrato de Concesión de 2015 producto de la estructuración privada, que se entregará al concesionario el recaudo de los tres peajes existentes en la vía, una vez el Contrato 444 de 1994 y su Adicional 01 de 2010 alcance el Ingreso Real Esperado, quedando sin la posibilidad de financiar con los ingresos provenientes del uso de la vía, la construcción de la segunda calzada del primer sector (Bogotá — El Tablón), y quedando así incompleta la doble calzada del corredor entre Bogotá y Villavicencio.
Hallazgos fiscales por más de $2 mil millones
La Auditoría de Cumplimiento de la CGR al corredor vial Bogotá-Villavicencio, adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, estableció hallazgos fiscales por un total de más de $2 mil millones, de los cuales $1.883 millones corresponden al pago de la comisión de éxito del proyecto Chirajara – Fundadores sin cumplimiento de los requisitos fundamentales para su reconocimiento.
El otro hallazgo fiscal, por $149 millones, tiene que ver con pagos por concepto del Panel de Amigables Componedores para actividades que no correspondían a controversias.
/Contraloría General de la Nación
