Villavicencio es una de las ciudades capitales del país que más ha crecido sin planificación durante los últimos años, una de las causas es el aumento de su población que pasó de 452.472 en 2010 a 558.299 habitantes en 2022, y continúa creciendo, de acuerdo con cifras estadísticas publicadas por el DANE. Pese a que la inversión inmobiliaria ha permitido que hoy nuestra ciudad capital se proyecte con la construcción de miles de viviendas, es innegable que se requiere de manera urgente ordenar el territorio, ya que a la fecha, el 40% de los barrios son asentamientos ilegales, ejemplos como el del barrio San Benito, que tardó 70 años en legalizarse, evidencian esta necesidad.
En las últimas semanas se ha generado gran incertidumbre frente a los procesos de legalización de barrios en Villavicencio, ante lo cual Periódico Llano al Mundo (Ll), entrevistó a Felipe Harman (FH), alcalde de la ciudad, quien nos brindó claridad frente el actuar de su Administración en este tema.
LL: ¿En qué consiste la legalización de barrios?
FH: La legalización consiste en llegar a los asentamientos informales, es decir, donde las diferentes familias se han asentado y han consolidado un espacio de vida. Allí comparten vías, algún espacio público -parque y demás-, pero no se les ha reconocido como un barrio. El proceso para legalizar estos espacios tiene detrás un estudio social de las personas que deben llevar más de 10 años asentados en ese lugar -esa es la primera característica que se tiene en cuenta-. La segunda es que, evidentemente tengan un déficit de sus redes de servicios públicos, y finalmente, no hayan sido reconocidos como un barrio. El Municipio con esa información recopilada hace un levantamiento topográfico para identificar cuántos inmuebles hay en el sector y se construye una propuesta urbana con la comunidad, en ella, se localizan las vías, el espacio público -que debe tener mínimo 500 metros cuadrados para cederlos al Municipio-, y una zona comunal -de mínimo 72 metros-. Una vez se cumple con estas condiciones se hacen las resoluciones mediante la cuales se reconoce ese sector como un barrio. Este es un proceso totalmente diferente a la titulación.
LL: ¿Cuáles son los beneficios que obtienen los habitantes del sector legalizado?
FH: Una vez el sector o barrio es legalizado, el Municipio va a poder invertir en la red vial, en servicios públicos, en dotar con equipamiento en Centros de Desarrollo Infantil, colegios, salones comunales o lugares públicos. También se pueden establecer convenios solidarios y dotar la infraestructura pública, a la vez que, se proyecta en los planes de desarrollo. En definitiva, se reconocen las necesidades y se proyecta su inversión.
LL: Como ya muchos críticos han dicho, ¿Es posible “tumbar” las resoluciones de los barrios que hicieron su proceso de legalización?
FH: No, la legalización es un acto motivado por la comunidad, la cual crea un comité de impulso integrado por más del 50% de los habitantes del sector, quienes manifiestan su interés de realizar el proceso. Una vez que, se genera el acto administrativo se les notifica tanto al propietario del predio como a la comunidad que se va a realizar este proceso de legalización del barrio. A partir de ese momento, se tiene un plazo de 15 días para presentar recursos, en los cuales tanto el dueño del terreno como la comunidad pueden negarse a que se legalice, todo puede suceder. Una vez cumplido ese plazo, si no se presentaron recursos en contra o se llega a un acuerdo con el dueño, se anuncia la legalización. Cuando el acto está en firme no hay cabida para un proceso que impida la misma o un fallo que diga que se va a “tumbar” o que se va a vencer en el tiempo. Una vez se legaliza el barrio, las comunidades tienen dos años para entregar vías y áreas de cesión -para que la Administración pueda entrar a invertir en estos sectores se deben haber hecho la transferencia de estos espacios-, aún hoy, se tienen diferentes legalizaciones del gobierno anterior, en las cuales las comunidades no alcanzaron a hacer este tema de la transferencia de esas zonas, esto no significa que se les devuelva su legalización o que se caiga el proceso, o que el sector vuelva otra vez a su condición de informal.
LL: ¿Qué sigue a la legalización?
FH: Una vez el Gobierno tiene carta blanca para invertir, viene la titulación de predios. Es importante tener en cuenta que en Villavicencio los predios son de la Administración o de terceros. En el primer caso, la Administración una vez se legaliza el barrio con el aval del Concejo Municipal, hace un levantamiento predial que se pasa a la Oficina de Instrumentos Públicos para que a cada persona ya le llegue su escritura. Cuando el predio pertenece a terceros, la titulación requiere un proceso diferente que tiene que ver con el juzgado. Se asume que el dueño del predio tiene que haberlo cuidado y si no lo hizo, quienes lo ocuparon adquieren derechos de posesión, pasados 10 años de su ocupación. Éstos, se pueden reconocer vía legal -en juzgado-. En algunos sectores hemos encontrado familias que llevan 20 años ocupando un predio, lo que indica que el dueño abandonó su propiedad privada. En otros casos hemos encontrado que los dueños donaron o vendieron a los ocupantes, es decir, cedieron sus derechos. Por otra parte también la Alcaldía puede intervenir estableciendo una comunicación directa con el dueño del predio para realizar una negociación de compra del mismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1049, que equivale al 10% del avalúo comercial. Adicionalmente, se puede hacer un cruce de cuentas por el valor adeudado por el dueño del predio por concepto de impuesto predial a la Administración y en ese momento pasa ese terreno al municipio, volviendo al primer escenario.
LL: Para finalizar, ¿Es posible expulsar a quienes están ocupando los predios?
FH: Miembros de la comunidad nos han informado que han sido víctimas de amenazas de que los van a expropiar o que los van a sacar de sus viviendas, y hay que tener en cuenta que, allí prevalece el derecho de las personas que adquirieron su posesión. A nadie van a sacar, a nadie van a expropiar, no pueden llegar a demolerles. Las personas hoy tienen un temor, pero ya han adquirido un derecho y al dueño del predio lo que le conviene es arreglar con los ocupantes.
