Hemos observado con atención la política de legalización de barrios de la Alcaldía de Villavicencio que inició como una “Alcaldía alternativa” y que ha intentado serlo en temas como el que nos ocupa: la legalización de barrios.
Dentro de la Secretaría de Planeación se ha creado un equipo multidisciplinar que busca facilitar a las comunidades la legalización de asentamientos que han surgido por décadas, como producto de la falta de planeación del desarrollo del Municipio que ha posado indiferente, ante las acciones de hecho de las comunidades en la búsqueda de soluciones de vivienda.
Son por mucho, más las acciones de entidades privadas que buscan desarrollar la actividad viviendista, que las acciones estatales encaminadas a resolver el problema desde que Gaviria dijo: “Bienvenidos al futuro” y liquidó el Instituto de Crédito Territorial y más adelante el INURBE. El mercado quedó en manos de grandes corporaciones, pero también, cooperativas, asociaciones, fundaciones, comités de vivienda, todos o casi todos, movidos por, materializar un negocio o un objetivo social como es, la solución de vivienda, para el entramado social que se crea alrededor de esta necesidad.
Según cifras sueltas, ya que no hay un estudio serio publicado sobre el tema, aproximadamente 300 asentamientos están sin legalizar en Villavicencio.
Esta Administración ha adelantado un proceso con aproximadamente 10 asentamientos, un acumulado de experiencias valioso, aun cuando es pequeño, en proporción a la cantidad que busca su legalización. Pero pese al esfuerzo institucional, queda faltando el elemento que destacamos arriba, resolver el entramado jurídico que impide el avance… y digámoslo también, la insolidaridad de las comunidades que se ha vuelto un principio de comportamiento, desde que se ha impuesto la cultura del individualismo del libre mercado en Colombia. Antes la gente era más solidaria.
Esto se aplica a todos los ámbitos de la vida comunitaria, pero en el caso de las legalizaciones, ha ocurrido, que cuando se ha logrado adelantar el proceso de reconocimiento como barrio, en la resolución respectiva que expiden la Secretaria de Planeación y el Alcalde, quedan unas tareas pendientes: legalización de servicios públicos, adecuación de amoblamiento urbano del barrio, liberación de zonas de cesión de las ocupaciones ilegales de hecho que hace el vecindario, construcción de la caseta comunal, legalización de áreas que se escrituran a nombre del Municipio.
En muchos casos cuando un desconocido entra a uno de estos asentamientos en proceso de legalización, se encuentra con la indiferencia de los dueños de ampulosas viviendas, contrastando con el mal estado de lo que es comunitario, como las vías, parques, etc, además, no pagan servicio de acueducto porque es comunitario y no tiene la facultad para cortarles el agua, por tanto se mantienen los servicios en la informalidad y en déficit permanente. De la puerta de la calle hacia adentro, se vive “bien”, pero el entorno en cuanto tiene que ver con la comunidad, la situación es terrible. Conozco varios casos como el que aquí se describe, no doy nombres para no “estigmatizar” sus habitantes.
Traigo al final el tema de servicios públicos. La ausencia del Estado en materia de servicios públicos como acueducto y alcantarillado, ha sido proverbial. Recordemos que Villavicencio con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAV) cubre solo el 70% de las necesidades de Villavicencio, el resto lo hacen los acueductos comunitarios y en cuanto al vertimiento de aguas servidas o alcantarillado, la situación es peor para los asentamientos que se pretenden legalizar como barrios. Se les exige el tratamiento de aguas servidas o alcantarillado, con los estándares europeos o gringos, mientras el Municipio no ha construido ni la primera piscina de sedimentación, que esta prometida desde que Jorge Ariel Infante manejaba la política en el Departamento del Meta. Tratamiento de aguas servidas prometido por “Juan sin miedo” cuando fungía como candidato a la Alcaldía, quien dijo: “los invito a bañarnos, en la última semana de mi mandato, en las aguas del rio Ocoa, porque realizaremos las obras de tratamiento del alcantarillado para descontaminar este importante río de la ciudad” palabras más, palabras menos. Aún estoy esperando se cumpla su promesa para zambullirme en el Ocoa.
El asunto es que además de la insolidaridad de las propias comunidades para culminar estos procesos de legalización, la carga que se impone al exigir estándares que el propio Municipio no cumple, alejan cada día de sus posibles logros el objetivo de legalización de barrios que la Alcaldía alternativa de Harman, y las comunidades hemos soñado.
¿Solo podrían estar cumpliendo?… no sé… estos estándares técnicos de manejo de aguas, los grandes programas cuyos proyectos de economía de escala les permitiría, como un componente normal de sus costos mínimos, antes de la utilidad. Mientras tanto, esperemos que los dueños de las ampulosas viviendas (guardadas las proporciones del sector), de los asentamientos que aspiran a ser barrios legalizados, entiendan la necesidad de pensar en todos, no solo de puertas para adentro.
O que la realidad de estas legalizaciones fallidas, haga que el Estado flexibilice sus exigencias partiendo de nuestra condición de ciudadanos que tenemos derechos iguales a los de los barrios formalizados.
